La mayoría de los municipios tolimenses padece por la falta de acueducto. El agua potable es un derecho esencial, que en las zonas rurales no se está garantizando, pues la prestación del servicio es precaria, no hay tanques de almacenamiento, las redes de conducción son rudimentarias y el tratamiento para potabilizar el agua es inexistente.
Es el caso de Doima, en jurisdicción Piedras, donde esperan agua potable y permanente desde hace décadas. En la actualidad reciben agua cada dos días solo por un par de horas, lo cual es insuficiente para cubrir sus más elementales necesidades. En 2018, creyeron hallar el final de sus problemas en esta materia, con la “construcción, ampliación y optimización del acueducto” en una primera etapa.
Estaba previsto que la obra se ejecutará en seis meses, con un costo de 1.345 millones de pesos y que beneficiará a más de dos mil habitantes del centro poblado de Doima y de tres veredas. Han pasado tres años y la obra se concluyó, pero los habitantes no han recibido ningún beneficio.
El proyecto incluía la construcción de un tanque elevado y un nuevo pozo profundo. El tanque, al parecer, presenta filtraciones y no hay disponibilidad para comprar los insumos que permitan el tratamiento del agua, y Cortolima no ha dado permiso para la operación del nuevo pozo. A estos inconvenientes se suma la venta de lotes para la construcción de condominios campestres con piscinas, que demandarán grandes cantidades de agua y si en la actualidad no es suficiente, los habitantes no se imaginan cómo será después con la llegada de nuevos vecinos.
Lo más preocupante es la falta de respuesta del alcalde a las inquietudes de sus gobernados. Los mandatarios se deben a las personas que los eligieron para regir los destinos de su territorio y por eso han de informar sobre las acciones que adelantan las administraciones para solucionar los problemas.
También inquieta la proliferación de conjuntos residenciales de recreación en esa región del Departamento. ¿Quién da lo avales? ¿Cuentan con los servicios públicos básicos? ¿Qué entidad certifica esta disponibilidad? Como temen los habitantes de Doima, ¿estas nuevas construcciones les quitarán más agua? ¿Existe algún control por parte de alguna autoridad para regular el número de viviendas nuevas que se pueden construir?
Es inconcebible que alegremente se estén otorgando permisos sin ninguna clase de garantías de servicios y que las autoridades no den respuestas efectivas.
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