Los transportadores de Ibagué se hallan en el centro de atención en estos días, por dos asuntos esenciales y que preocupan a los ciudadanos: por una parte, están anunciando un nuevo bloqueo de la ciudad y, por otra, el precio del pasaje subió de una manera exagerada, al decir de los usuarios, que no se compensa con un buen servicio y sí lastima el bolsillo de los trabajadores.
Un mes después de que los conductores y dueños de las busetas en Ibagué bloquearan las vías para reclamar atención por parte de la Alcaldía, amenazan con paralizar de nuevo la ciudad si no les cumplen sus exigencias. El descontento tiene que ver con la puesta en funcionamiento del Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP). Ahora, los transportadores denuncian que la administración ha incumplido parte de los acuerdos a los que llegaron en diciembre.
Aseguran que no fueron escuchados en la reunión de la junta directiva del SETP, como lo habían solicitado; que no se ha definido la compra de sus vehículos ni se modificó el cronograma para el recaudo y no se conformó la mesa de trabajo para estos temas, como se había acordado. Dicen, así mismo, que paralizaron la ciudad en diciembre como una forma de buscar la atención del alcalde que eludió reunirse con ellos durante todo el año.
Si bien los transportadores tienen razón en expresar sus desacuerdos, exigir que se respeten sus derechos y que se preste atención a sus dificultades, también es el momento de que evalúen el servicio que le prestan a la ciudad. Con sus acciones de bloquear las calles ocasionan graves daños a los ibaguereños, pues vulneran el derecho a la locomoción de la mayoría y ocasionan exorbitantes pérdidas económicas en una ciudad con graves limitaciones y carencias, en la que cualquier crisis causa enormes lesiones, difíciles de superar en corto tiempo.
El aumento de 300 pesos en el pasaje generó descontento entre los usuarios del transporte público, pues el servicio ha desmejorado notoriamente. Los conductores no cumplen las rutas completas, ni las frecuencias, ni los horarios y violan las normas de tránsito; muchos vehículos permanecen sucios y se encuentran en mal estado, mientras que algunos conductores tienen un comportamiento descortés y, en ciertos casos, francamente grosero con los pasajeros y los demás usuarios de las vías.
Las víctimas de los atropellos son, especialmente, quienes residen en zonas apartadas como el cañón del Combeima, donde no cumplen los recorridos y cobran lo que les viene en gana, tal como lo denunció un ciudadano que fue golpeado por un conductor a quien le reclamó por no cumplir la ruta hasta Juntas, pero que sí le cobró el valor del pasaje completo.
Los transportadores, como prestadores de un servicio público, tienen responsabilidades que no pueden ignorar. Tienen derechos, pero también tienen deberes.
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