El Bosque de Galilea, localizado en Villarrica, declarado Parque Natural Regional en 2019 con el fin garantizar su protección, es una valiosa reserva, que ha sido promocionada como un santuario para la preservación de la fauna y la flora.
Este, que parecía un proyecto conveniente para el oriente del Departamento, se convirtió en un asunto oscuro que está rodeado de cuestionamientos, en torno a la propiedad de los terrenos, a su usufructo y a los beneficiarios.
La historia de la reserva comenzó en 2003, cuando el consejo Superior de la Universidad del Tolima autorizó al entonces rector a recibir en donación 16.700 hectáreas de bosque en Villarrica, por parte de la Cooperativa Galilea. La noticia fue recibida con entusiasmo entre los habitantes de dicha población, defensores del medio ambiente y los tolimenses en general, pues representaba una acción concreta en favor de los recursos naturales.
Sin embargo, unos años más tarde comenzaron los desencantos. En 2012, medios de comunicación nacionales revelaron que la donación no era tan generosa como se anunció, sino que se empleó para que grandes empresas reclamaran elevadas deducciones de impuesto sobre la renta.
En 2018 surgieron nuevos cuestionamientos acerca de las gestiones que se adelantan en este bien ciudadano. En esta ocasión, se debió a la aparición de la Fundación Amé, que supuestamente realizaba investigaciones en el área, pero que publicó un video en el que le puso a la reserva el nombre de Bosque Amé y ofrecía los terrenos. Para mayor desasosiego, el representante legal de dicha Fundación fue decano de la Facultad de Ingeniería Forestal de la Universidad del Tolima.
Ahora se conoce que el área actual, al parecer, no corresponde con lo donado inicialmente, que más de 10.000 hectáreas serían de propiedad de particulares y que se están vendiendo bonos de carbono sin que se tenga certeza del destino de los recursos que se reciben por este concepto. La mayor parte de las actuaciones en el Bosque se han efectuado a espaldas de la comunidad.
Ante la falta de respuestas, los pobladores se organizaron y recurrieron a la Contraloría General de la República que en mayo de 2022 realizó una audiencia en Ibagué para que la Universidad rindiera cuentas, pero las respuestas no han sido satisfactorias, por lo cual el miércoles y jueves de esta semana se llevará a cabo una nueva reunión convocada por la Contraloría, esta vez en Villarrica.
Alrededor de este asunto existen más sombras que luces; hay muchas inconsistencias, confusión y desinformación. Esperamos que no se trate de un fraude camuflado en una buena causa, sino de acciones desacertadas que se pueden subsanar. Los tolimenses merecen saber lo que sucede con su patrimonio ambiental y por eso estaremos al tanto de la audiencia.
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