A tres meses de cumplirse dos años de la muerte de Santiago Murillo, existe preocupación en la familia del joven, pues temen que el presunto responsable del homicidio pueda quedar en libertad por vencimiento de términos.
Santiago Murillo fue asesinado el primero de mayo de 2021, durante las protestas que se desataron en todo el país en contra del gobierno de Iván Duque, desde el 28 de abril de ese año y que se prolongaron durante más de dos meses. El joven transitaba por la carrera Quinta con calle 60, epicentro de las manifestaciones en Ibagué, solo y desarmado, cuando un disparo, proveniente de un arma policial, acabó con su existencia.
Las investigaciones judiciales llevaron a la captura del mayor de la Policía Jorge Mario Molano, quien fue acusado por la Fiscalía como presunto responsable del homicidio. El proceso en contra del mayor Molano se ha caracterizado, como en el caso de otros investigados tristemente célebres, por el empleo de maniobras dilatorias que tienen como propósito obstaculizar el accionar de la justicia e impedir que se llegue a una condena.
Pese a que desde noviembre de 2021 se programó la audiencia preparatoria del juicio, el proceso no ha podido llegar a feliz término, debido a las permanentes solicitudes de aplazamiento y a los cambios de abogado solicitados por el acusado.
La semana pasada, los padres del joven alertaron porque el mayor solicitaría la libertad por vencimiento de términos, audiencia de la que fueron informados de manera tardía, por lo cual su abogado no tuvo tiempo suficiente para prepararse. Además de las maniobras para retrasar el proceso, los padres del joven señalaron que han sido intimidados para que no denuncien lo que está sucediendo.
Los jueces deben tener a su alcance las pruebas que les indiquen si el acusado es culpable o inocente, sin que los procesados recurran a artimañas para obstaculizar el desarrollo normal de los juicios. Entorpecer la acción de la justicia no solo perjudica a las víctimas, también afecta la credibilidad del sistema judicial. En el caso del mayor Molano es necesario que se identifique si se trata de tácticas torticeras para llevar a la prescripción de los delitos, lo cual también es un acto sancionable, y se actúe en consecuencia para evitar la impunidad.
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