Es imperativo buscar soluciones para el puente de la variante

Sin embargo, las entidades demandadas habrían de tener en cuenta que en este caso no hay razones técnicas suficientes para justificar su inacción, pues lo que prima en esta situación es la vida humana.

El puente de la variante de Ibagué, desde su construcción, ha sido utilizado por personas que tienen intenciones de quitarse la vida.

Cuando había solo un carril se construyeron barandas que impidieron que fuera empleado para tal fin. Con el segundo carril, de nuevo comenzaron a registrarse casos, pero no se instalaron rejas u otro tipo de elementos disuasorios. Por esta razón, en 2021, la Personería interpuso una acción popular ante el Tribunal Administrativo del Tolima, para exigir que se adopten las medidas necesarias para evitar más suicidios en ese lugar.

El pasado 26 de enero, el Tribunal le dio la razón a la Personería y en consecuencia les ordenó a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y la concesionaria App Gica, responsables del puente, que dispongan, en un plazo de tres meses, las acciones presupuestales, técnicas y estructurales que se requieran para imposibilitar el acceso a las personas que tengan intenciones de lanzarse desde allí.

También conminó a la Alcaldía para que revise la política de salud pública sobre este tema, que implemente campañas de prevención del suicidio, que disponga de canales de atención que funcionen las 24 horas del día y que estos sean atendidos por profesionales en Psiquiatría y Psicología.

En las últimas semanas ha aumentado de manera dramática el número de personas que llegan a la variante con intenciones de suicidarse. En algunos casos, los esfuerzos de aquellos que se percatan de estos actos no han sido suficientes para disuadirlos y los suicidas lograron su cometido, lo cual refuerza la necesidad urgente de que se instalen rejas o barandas.

Si bien es cierto que, como dice el alcalde Andrés Hurtado, “el problema no es el puente”, una de las medidas que se deben adoptar para prevenir el suicidio es restringir el acceso a los medios letales utilizados para cometerlo y en el caso de Ibagué este es uno de eso medios. 

La concesionaria y la ANI apelaron la decisión con argumentos técnicos, por lo que las obras aún no se ejecutarán. Sin embargo, las entidades demandadas habrían de tener en cuenta que en este caso no hay razones técnicas suficientes para justificar su inacción, pues lo que prima en esta situación es la vida humana.

EDITORIAL

Comentarios