Las declaraciones del ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) revivieron el ominoso período del conflicto, en el que estos grupos armados perpetraron toda clase de crímenes atroces contra la población civil, en su propósito de extinguir a la guerrilla.
Durante cuatro días Mancuso detalló los vínculos de políticos, empresarios, DAS, militares y policías con los paramilitares y habló sobre las acciones criminales que desarrollaron de manera conjunta.
La actividad delictiva de Salvatore Mancuso comenzó en 1992 cuando conformó un grupo de justicia privada con la complicidad de un mayor del Ejército. Años más tarde, en 1997 participó en la creación de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que nacieron inicialmente bajo el nombre de Convivir. Los tentáculos de las AUC se extendieron por todas las regiones del país en forma de Bloques (Tolima, Catatumbo, Centauros, Calima, Norte, Metro, Sur del Putumayo, Vencedores de Arauca) y dejaron una abominable e imborrable estela de sangre y muerte.
No hay que olvidar que entre los crímenes cometidos bajo las órdenes de Mancuso se encuentran la masacre ocurrida en 1997 en Mapiripán (Meta), donde fueron torturados y asesinados sin misericordia por lo menos 49 habitantes de esa población señalados de pertenecer a la guerrilla, y la masacre de El Salado (Bolívar), perpetrada entre el 16 y el 22 de febrero de 2000, cuando 63 personas fueron asesinadas y más de cuatro mil fueron desplazadas.
Después de someterse a la justicia colombiana, Mancuso fue extraditado a Estados Unidos en mayo de 2008, donde ya cumplió una condena por narcotráfico y está a la espera de que se resuelva su situación judicial.
Con pasmosa frialdad, el ex jefe paramilitar relató los pormenores de los crímenes que se cometieron bajo su mando. Ante la JEP reiteró lo que ya había declarado en los tribunales de Justicia y Paz y lanzó nuevas acusaciones en las que involucró a empresas, expresidentes, políticos, militares, policías y funcionarios públicos a los que señaló de colaborar con las AUC y de recibir su apoyo. Estas nuevas afirmaciones habrán de ser sometidas a evaluación por parte de los magistrados de la JEP, y sustentadas para que puedan ser tenidas en cuenta como evidencia. La JEP le otorgó un plazo de 30 días hábiles, con el fin de que respalde su testimonio con documentos y datos verificables y que cumpla los compromisos que adquirió ante esa jurisdicción; de lo contrario, no se aceptará su solicitud de sometimiento.
Ojalá las declaraciones de Mancuso no respondan a una estrategia de mezclar verdades con mentiras, para confundir y lograr que todo quede cubierto bajo un manto de duda que termine en impunidad y que no permita el esclarecimiento de la verdad que tanto necesitamos.
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