El gobernador del Tolima, Ricardo Orozco, expresó su pesadumbre con el deterioro del orden público en el país. Dice que se ha evidenciado un retroceso en la seguridad e invitó a los colombianos a protestar de manera pacífica. Sostiene que los hechos de violencia se multiplican, pero en las reuniones sobre este tema hay una actitud pasiva del Gobierno nacional.
Efectivamente, el deterioro del orden público en los últimos meses es alarmante. En departamentos como Nariño, Cauca, Arauca, Valle, Huila y La Guajira ocurren a diario atentados y emboscadas contra miembros de la fuerza pública y otras acciones delictivas de disidencias por parte de las Farc y del Eln, pese al proceso de diálogo, y disputas territoriales de grupos de autodefensas y narcotraficantes que dejan en medio de su conflicto a la población civil.
Una de las situaciones más críticas se registra en el siempre convulsionado Cauca, donde según la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), 18 municipios presentan graves problemas de violencia. En este departamento más de tres mil personas han sido desplazadas entre enero y julio de este año; se han registrado cuatro masacres que dejaron 12 personas muertas; más de 4.800 personas han sido confinadas y 17 líderes sociales han sido asesinados.
Los actuales acontecimientos hacen recordar los últimos años del siglo pasado y los primeros de este siglo (durante el cuatrienio de Andrés Pastrana), cuando el país soportó una de sus peores épocas en materia de orden público, por cuenta de las actuaciones demenciales de las Farc y la violenta respuesta de los grupos paramilitares, cuyo accionar en busca del control territorial dejó en medio a los civiles inermes que padecieron secuestros, extorsiones, homicidios, desapariciones forzadas, desplazamientos y masacres, ante la impotencia del gobierno de entonces.
No le falta razón al mandatario seccional; la paz total en la que se empeña el Gobierno nacional no debe ser a costa de la seguridad de los colombianos. Es preciso tomar medidas eficaces y prontas que permitan recuperar el orden público y garantizar la seguridad ciudadana. Es imperioso, además, fortalecer la presencia institucional en las zonas más inseguras, apartadas y desatendidas por el Estado, donde los grupos al margen de la ley son los que copan los espacios y asumen el control. No podemos volver al pasado.
Comentarios