La Procuraduría General de la Nación alertó recientemente sobre el aumento de los suicidios de adolescentes. Durante el primer semestre de este año 142 menores entre 12 y 17 años se quitaron la vida, frente 312 suicidios que se registraron en 2022.
También es alarmante el crecimiento de los trastornos mentales en este grupo poblacional. De acuerdo con el Dane, el 52,2% de los adolescentes presentan uno o dos síntomas de ansiedad.
Los temas relacionados con depresión, ansiedad, fobias, déficit de atención y otros trastornos mentales entre los adolescentes aún son tratados como tabúes o quienes manifiestan estos problemas son señalados y estigmatizados, por lo cual se dificulta que los jóvenes pidan ayuda.
Adicionalmente, los adolescentes en Colombia están sometidos a muchos tipos de violencia y presiones que los hacen más vulnerables de padecer un trastorno mental. En sus hogares sufren de atropellos como maltrato intrafamiliar, abuso sexual y abandono; en el colegio son blanco de acoso y, en las zonas de conflicto, son víctimas de reclutamiento forzado. Así mismo, se enfrentan a situaciones como el consumo de sustancias psicoactivas y embarazos tempranos y no deseados.
Otros factores como los bajos ingresos en los hogares, la desigualdad, la falta de oportunidades, el desempleo y la inestabilidad laboral, las dificultades para acceder a la educación, a la salud, a los servicios públicos y a una vivienda digna; el desplazamiento y la separación de las familias, atentan contra el bienestar mental de los adolescentes.
A lo anterior se añade que acceder a los servicios de salud no es fácil, en especial en las zonas más apartadas, donde la atención es limitada y el personal de salud no está preparado para atender estos casos. De igual forma, existen barreras como la obligación de pasar por medicina general antes de recibir atención de psicología o psiquiatría y la poca o nula preparación que existe en las familias y en los ambientes escolares para resolver estos asuntos.
Preocupa el crecimiento de esta problemática, pues indica que las políticas públicas no están dando los resultados esperados. Es necesario detectar y priorizar estos casos para realizar una intervención oportuna. La Procuraduría instó, entonces, a las secretarías de salud y educación para que incluyan en sus presupuestos rubros para mejorar la atención en salud, el diseño de programas de fortalecimiento familiar y los planes de convivencia en el entorno escolar.
La Gobernación del Tolima y la Alcaldía de Ibagué cuentan con líneas de atención, han diseñado campañas con el fin de mitigar los factores de riesgo y han creado estrategias específicas para cada grupo poblacional. Ahora sería oportuno conocer cuáles son los resultados que han alcanzado.
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