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Lo triste no es eso, lo triste es que cuando se da a conocer un nuevo caso la gente lo toma como lo más natural, es más, realizan comentarios como: “eso no es raro”, “eso se venía ver”, “los mismos con las mismas”, “a esos no les pasa nada”, “esos tienen buen o buenos padrinos”. Es decir, la corrupción ya hace parte de nuestro diario vivir, a punto que el monstruo de siete cabezas sigue creciendo en forma exponencial.
En cuanto a Ibagué, no cesan las denuncias de las veedurías ciudadanas con relación a las obras de los escenarios deportivos recientemente inaugurados dado que, según estas, ya presentan deficiencias constructivas. La pregunta es: ¿Qué papel cumplió la firma interventora de las obras y los supervisores de los contratos? A nivel departamental han pasado casi once meses y aún no se conocen los responsables del robo de más de diez mil millones de pesos de la Alcaldía de Purificación. En lo nacional nadie da información sobre las propiedades que fueron objeto de extinción de dominio y hoy no aparecen en el inventario de la entidad estatal encargada de su administración. Por favor ¿en qué país estamos, qué sociedad construimos?, ¿Qué legado le estamos dejando a nuestros hijos?
Ante estos hechos que son de conocimiento público la pregunta es ¿Dónde están los entes de control? Dónde está la Contraloría, que es el organismo responsable de velar por la correcta aplicación de los recursos del Estado, ¿Dónde está? ¿De qué sirven las auditorías que hace la Contraloría a nivel Nacional, Departamental y Municipal a las diferentes entidades del Estado con el fin de verificar el estricto cumplimiento a la Ley 80 de 1993 y todas sus normas reglamentarias adicionales? ¿Dónde están los resultados de la Procuraduría como de la Fiscalía con relación a los hallazgos que le son compulsados por incidencia administrativa, Fiscal o penal? Pregunta: ¿Qué sucede con ello? ¿En qué terminan estas investigaciones? Los colombianos tenemos el derecho de conocer los fallos, dado que somos los ciudadanos los que colocamos los recursos a través de impuestos.
La cultura del dinero fácil es un antivalor de nuestra sociedad, como tal enriquecerse con recursos del Estado en el menor tiempo posible es una virtud, una hazaña y hace carrera para ser el ideal de los jóvenes. Todo indica que estamos enfrentando las consecuencias de: 1. Una deficiente educación y 2. Un sistema judicial ineficiente e ineficaz. En cuanto a la primera, para nadie es un secreto que la institución educativa no ha sido competente para formar un ser humano íntegro, es decir, un ser humano con principios y valores, respetuoso de las normas y del orden social, capaz de decir no a la comisión de actos que atenten contra la sociedad. La familia tampoco lo realiza, dado que es un desierto de valores y principios. Lamentablemente el aparato educativo se ha dedicado solo a transferir información sobre las diferentes áreas del conocimiento, es decir, a formar hombres técnicos en dieciséis años que es el promedio que dura un colombiano en la escuela, privilegiando así, el “Hacer” y no el “Ser”.
A ello se le suma un deficiente aparato judicial que es incapaz de aplicar las Leyes y Normas establecidas en virtud al amiguismo, a la astucia de algunos profesionales del Derecho expertos en dilatar procesos y a la falta de profesionalismo de algunos funcionarios del sistema que con triquiñuelas como el engavetado de los procesos facilitan el vencimiento de términos y así quien infringe el orden social, sigue pavoneándose como un gran y honorable ciudadano. ¿Hasta cuándo vamos a tener que soportar esta situación? ¿Hasta cuándo?
Debemos retomar la educación integral de verdad, y no de discurso, y proceder a reestructurar el aparato judicial. De no ser así, visualizo una sociedad colombiana mucho más deteriorada, donde la desigualdad, la pobreza, la violencia, la inseguridad reinarán y como tal, escasearán las oportunidades para las nuevas generaciones.
Adenda: Feliz Navidad y un Próspero 2023 para todos.
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