El gasto educativo en Colombia es una responsabilidad social y competencia que corresponde a la nación, los aportes de las entidades territoriales (departamentos y municipios) es escasa y en gran parte inexistente; la mayor parte de las transferencias que se hacen a las gobernaciones y a los municipios certificados a través del Sistema General de Participaciones, en un 90 por ciento cubren costos de nómina y prestaciones sociales, sólo un 10 % para gastos en calidad educativa.

De ahí la importancia de saber qué hará el nuevo gobierno nacional del presidente Gustavo Petro en el cuatrienio 2022-2024, en cuanto a gasto en educación y el desarrollo de su propuesta de gobierno.

De 54 páginas de su programa de gobierno en tiempos de campaña electoral, un poco más de la mitad, están dedicados a la educación, en el capítulo “Colombia, Sociedad para la vida”.

Se puede afirmar que este documento expresa las grandes ideas de futuro deseable en cuanto a educación, que por ahora se convierten en indicios sobre lo que será el Plan Nacional de Desarrollo para el cuatrienio, en el cual se formulan las políticas y programas, con la definición de costos de la inversión y los correspondientes indicadores estratégicos y de gestión requeridos para evaluar el cumplimiento de las metas que están por establecer.

Los resultados de las elecciones presidenciales condicionarán lo que será la educación en tiempos de la presidencia de Gustavo Petro, un gobierno que adoptará un nuevo modelo político y económico, así no implique cambios de fondo en estas dos direcciones.

Siendo que la juventud y los docentes organizados por Fecode, proclamaron  su apoyo electoral a Petro, habrá que mirar de qué manera estos dos aspectos tendrán alta incidencia en la educación  en los próximos cuatro años con programas e inversiones en educación superior y en el fortalecimiento de la formación de los docentes en cuanto pregrado y posgrados, inversiones en mejoramiento salarial y prestacional, la implantación de un nuevo estatuto de docentes que unifique los actuales y una reforma constitucional que incorpore los tres grados de preescolar, todo ello expresado en más de 27 peticiones que Fecode  ha estado negociando con el gobierno desde el año 2021.

Las inversiones en educación superior

Para dar respuesta a los jóvenes que en su mayoría  votaron por Petro y se han movilizado en marchas durante su campaña, uno de los énfasis del programa de gobierno está dirigido a mantener la gratuidad educativa en la educación superior que ya está en marcha desde el año 2021, “lograr que toda la juventud pueda ingresar a la educación superior”, según lo ha dicho, lo cual implicaría incrementar la cobertura de este nivel educativo en un 50 %, así la inversión en educación requerirá 14 billones de pesos adicionales (presupuesto actual de 49 billones), propone nuevas construcciones de aulas para lo cual  le ha solicitado a los alcaldes y gobernadores que aporten los terrenos donde se harían estas nuevas obras.

En la actualidad Colombia destina un 4.1 % de su presupuesto en educación, con respecto al Producto Interno Bruto, presupuesto de educación que completa cuatro años siendo el más alto, después del de México.

Dice el programa de gobierno: “Jóvenes con derechos liderando las transformaciones para la vida, educación superior pública, gratuita y de calidad: en nuestro gobierno, toda la juventud tendrá progresivamente acceso a la educación pública, gratuita y de calidad a nivel tecnológico y universitario en todos los niveles… En el Icetex para estudios en el exterior: Transformaremos la lógica bancaria del Icetex y crearemos un ambicioso Plan de Salvamento para liberar de las deudas a todos sus usuarios…

Terminaremos con el dramático abandono escolar de millones de adolescentes que llegan a noveno grado y son forzados por la desigualdad y la exclusión a no culminar el bachillerato porque tienen que trabajar o son reclutados por el multicrimen, y porque saben que no van a poder ingresar a la educación superior” (p. 31).

Se propone la eliminación del servicio militar obligatorio para los jóvenes”. Eliminaremos el servicio militar obligatorio y respetaremos la objeción de conciencia” (p.31).

La educación inicial y preescolar

En cuanto a la educación inicial que comprende a niños menores de 6 años, se propone el reconocimiento del trabajo de las jardineras y madres comunitarias del Instituto de Bienestar Familiar, atención educativa “que progresivamente ampliara? su cobertura al grupo mayor de 3 años dentro del sistema educativo hasta alcanzar la cobertura universal y priorizando a 2.7 millones de niños y niñas en condiciones de vulneración de derechos” (p.29).

Es una propuesta que implica una reformar constitucional debido a que el Estado únicamente financia el grado de transición de preescolar para niños de 5 años y, en consecuencia, no se garantiza la cobertura de los otros dos grados de preescolar establecidos por la Ley General de Educación, el prejardín y jardín.

Julián de Zubiría plantea este interrogante: “¿Por qué destinar tantos recursos a la educación superior, cuando la mitad de los niños menores de cinco años no recibe educación inicial?”

En el Tolima, el Sistema Nacional de Participaciones no financia la educación preescolar en los grados de prejardín en jardín para niños de 3 y 4 años de edad, cobertura que está a cargo de colegios privados, con una matrícula de 790 estudiantes en prejardín, el 60 % de ellos en Ibagué (2021); en el grado de jardín o kínder fueron 1.656 los estudiantes matriculados en el año 2021, de ellos el 65 % en Ibagué, datos que develan el gran déficit de cobertura de la educación preescolar en los grados de preescolar de prejardín y jardín.

Según la Constitución, el grado de preescolar de transición o grado cero, es obligatorio. En el Tolima el total de matrícula en este grado llegó a la cifra de 19.266 estudiantes en los 47 municipios, incluyendo Ibagué.

Transformación curricular

Frente al hecho de que impera un modelo de educación tradicional en el sistema escolar (del 69 % en el Tolima), en el programa de gobierno se plantea la pertinencia curricular, es decir, el diseño e implementación contenidos, estrategias de enseñanza y utilización de medios que den respuesta a las demandas e intereses de formación de los estudiantes y de la sociedad en general: “Los modelos educativos, currículos, prácticas pedagógicas y la organización escolar se transformarán desde la voz de los territorios y todas las diversidades regionales, de género, étnicas… hacia una educación pertinente, incluyente, alegre y de calidad… mejorar las prácticas pedagógicas y de convivencia en la escuela” (p.30).

Las inversiones en educación

El incremento de las inversiones en educación dependen de recursos estatales adicionales que resulten de la nueva reforma tributaria, que según está proyectada, podría aportar de 20 a 50 billones de pesos adicionales.

Como ya queda dicho, en la actualidad  escasamente se garantizan los gastos de nómina, es decir, el pago de salarios y prestaciones sociales de los docentes, directivos docentes y personal administrativo de los planteles oficiales. La inversión en calidad educativa es escasa y llega a los planteles educativos para garantizar la gratuidad educativa a través de transferencias que hace el Ministerio de Educación a cada uno de los planteles educativos, a los Fondos de Servicios Educativos de las cuales los rectores son los ordenadores del gasto.

Se hacen transferencias del Sistema General de Participaciones a las tesorerías de las alcaldías, para gastos de calidad que han disminuido paulatinamente y dependen de la evolución de la matrícula que ha estado disminuyendo año a año.

“En la década (2012-2020) los recursos para inversiones en calidad educativa, tanto en el departamento (municipios no certificados) al igual que en Ibagué, tienden a disminuir.

Eran de 41.581 millones en el año 2012, cifra que pasó a ser de 35.499 millones en el 2020, en los 46 municipios no certificados, es decir 6.082 millones de pesos menos. En Ibagué, se sostuvo la cifra de inversión en calidad, era de 10.170 millones en el 2012 y tuvo un ligero incremento en el 2020, con un total de 10.692 millones de pesos” (Chamorro, END, 2022).