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A menos de diez meses de la contienda electoral del año, el departamento se prepara para una de sus temporadas políticas más interesante, toda vez que un nutrido listado de aspirantes a diferentes cargos de elección popular adelanten gestiones para sacar adelante sus candidaturas.
Así pues, en diferentes fechas del 2023, se dispondrán algunas acciones amén de ir avanzando en la agenda electoral que, por lo pronto, estipula fechas para trabajar sobre los preparativos antes del día de las elecciones, que será el próximo 29 de octubre.
Así está el calendario electoral
A través de una resolución, la Registraduría Nacional estableció el calendario electoral, el cual arrancó el pasado 29 de octubre con la inscripción de grupos significativos de ciudadanos, comités promotores de voto en blanco y la inscripción de cédulas para ejercer el derecho al voto.
En concreto, el próximo 23 de abril, seis meses antes de las elecciones, está dispuesta la fecha límite para instalar mesas de votación en los diferentes corregimientos de los municipios.
Para el 29 de junio, cuatro meses antes de las elecciones, se inicia la inscripción de candidaturas y listas de candidatos, se suspende la incorporación al censo electoral de cédulas con el fin de elaborar las listas de sufragantes y vence el plazo para la inscripción de grupos significativos de ciudadanos, movimientos sociales y comités promotores de voto en blanco.
Un mes después, el 29 de julio, se da ‘luz verde’ a la propaganda electoral en espacios públicos, se publica el censo electoral, se cierra la inscripción de candidaturas y listados y se vence el plazo para que los comandantes de la Fuerzas Armadas y la Policía Nacional remitan el listado de cédulas de los miembros que se deben excluir del censo electoral.
Entre el 31 de julio y el 2 de agosto, los registradores solicitarán las listas de las personas que puedan ejercer como jurados de votación a entidades privadas y públicas, se establecerán puestos de votación con alcaldías y empezará la propaganda política a través de medios de comunicación.
El 29 de agosto, se cierra la inscripción de ciudadanos para votar y se habilitan espacios gratuitos de difusión en medios de comunicación que utilizan el espectro electromagnético para grupos significativos de ciudadanos, movimientos sociales y comités promotores de voto en blanco que tengan habilitadas candidaturas.
Quince días antes de las elecciones, el 14 de octubre, está establecida la fecha límite para la realización del sorteo y publicación de las listas de jurados de votación para la contienda electoral.
Días después, el 27 de octubre, se cerrarán los espacios de propaganda política en medios de comunicación, y vence el plazo para la inscripción y registro de testigos electorales.
Recomendaciones de la MOE
En el ‘Primer informe de Monitoreo a la Contratación de Bienes y Servicios para las Elecciones de Autoridades Locales 2023 y Garantías de Acceso a la Información’, la Misión de Observación Electoral (MOE) hizo un primer llamado a la Registraduría Nacional, debido a que se ha evidenciado falta de planeación en el proceso.
“Se puede identificar una falta de planeación por parte de la Registraduría, al iniciar procesos contractuales de forma posterior al inicio de las etapas electorales en las que estos van a operar”, explicó la MOE, reportando un retraso en la contratación de las herramientas logísticas y tecnológicas para el desarrollo de los comicios.
Según la MOE, y con información del Ministerio de Hacienda, la Registraduría solicitó $1.447.039.050.553 para el desarrollo de las elecciones regionales.
La convocatoria para la contratación fue emitida el 23 de noviembre de 2022; la fecha para la presentación de propuestas fue el 13 de diciembre; la adjudicación del contrato será el 21 de diciembre, y la ejecución del mismo inicia el 27 de diciembre. Sin embargo, el 14 de diciembre se realizarán las pruebas técnicas”, indicó Marlon Pabón, coordinador de la MOE.
Entre otro de los llamados de la organización electoral está la falta de canales de comunicación para facilitar información relacionada con los procedimientos de inscripción de ciudadanos y de registro de grupos significativos de ciudadanos. La MOE aseguró que este tipo de acciones dificultan la observación electoral de las elecciones regionales.
“De no adoptarse las garantías necesarias para el acceso a la información para todos los actores del proceso electoral se puede repetir lo ocurrido en las elecciones nacionales de 2022”, expresó el coordinador Pabón.
Con corte al 29 de noviembre, un total de 24.114 personas en Colombia han modificado su puesto de votación, según la MOE, un 153 % menor en comparación con los inscritos en el mismo periodo en relación con las elecciones de 2019.
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