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De acuerdo con la Encuesta Nacional de Situación Nutricional (ENSIN) 2015, en Colombia 1 de cada 4 escolares entre 5 y 12 años tiene exceso de peso y más de la mitad de los adultos afrontan esta situación, registrando un incremento de más del 5% con respecto a la ENSIN 2010. Esto constituye un problema grave de salud pública dada su relación con las Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT).
Teniendo en cuenta lo anterior, y sumado a que solo el 54% de los hogares en el país tiene una disponibilidad baja o incierta a alimentos y en 2015 se presentó un aumento en los niveles de desnutrición aguda en el país, particularmente, de niñas, niños y adolescentes (ENSIN, 2015), organizaciones de la sociedad civil proponen incorporar en el Plan Nacional de Desarrollo:
- Crear ambientes alimentarios saludables a nivel nacional, departamental y municipal para la primera infancia, la niñez y la adolescencia.
- Regular las compras públicas de alimentos por parte del Estado prohibiendo los productos comestibles y bebibles ultraprocesados (PCBU), y aumentando los alimentos reales y saludables producidos en los territorios.
- Cambiar el Programa de Alimentación Escolar (PAE) creando una política pública de Estado que prohíba la entrega, publicidad, promoción y patrocinio de PCBU en los ambientes escolares y la inclusión de alimentos reales y naturales preparados en sitio.
- Desarrollar y publicar con carácter prioritario de una nueva ENSIN con desagregación nacional, departamental y municipal, regulando su periodicidad cada cinco años.
- Priorizar recursos del Presupuesto General de la Nación para la instalación de bebederos de agua potable en las zonas que reportan mayores brechas de desigualdad.
- Actualizar el Decreto 1397 de 1992 de acuerdo con las últimas resoluciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre el código de sucedáneos de la leche materna.
Varias organizaciones de la sociedad y la academia, entre ellas FIAN Colombia y Red PaPaz, seguirán promoviendo cuatro medidas, que han sido recomendadas por entidades como la OMS y UNICEF con el objetivo de promover una alimentación saludable:
- Promover la creación de ambientes alimentarios saludables.
- Regular la publicidad, promoción y patrocinio de productos comestibles y bebibles ultraprocesados dirigidos contra niñas, niños y adolescentes en instituciones educativas oficiales y no oficiales y en los servicios de atención integral a la primera infancia.
- Ampliar la base gravable del impuesto a los PCBU, en especial, a las bebidas ultraprocesadas endulzadas (BUE), a aquellas que contienen edulcorantes calóricos y no calóricos, que también afectan la salud.
- Hacer seguimiento y garantizar la implementación efectiva de la Resolución 2492 de 2022, por medio de la cual Colombia incorporó el etiquetado octagonal frontal de advertencia en los PCBU basado en la evidencia científica libre de conflicto de interés.
Juan Carlos Morales, director ejecutivo de FIAN Colombia, afirma que en lo relacionado a la tercera transformación del derecho humano a la alimentación “las Bases del PND no plantean la Soberanía Alimentaria como una de las transformaciones que requiere el país para hacer frente a las dietas corporativas y al consumo de productos comestibles y bebibles ultraprocesados, que están relacionados con el aumento de la obesidad y la pérdida de la diversidad alimentaria. En ese sentido, hace un llamado a que sea incluida estructuralmente en la tercera transformación, para lo que se propone que esta se denomine derecho humano a la alimentación y soberanía alimentaria”.
Para la Liga de Consumidores Tal Cual - Consumidores Tal, “es fundamental garantizar el derecho a la información consagrado en el Estatuto del Consumidor, brindar información acerca del contenido de los PCBU para reducir la desigualdad y brechas derivadas del acceso a la información de aquello que la ciudadanía consume a diario”.
Para Carolina Piñeros, directora ejecutiva de Red PaPaz, “El Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, en el que por primera vez se habla del Derecho Humano a la Alimentación, es una oportunidad para avanzar en lo anterior. En este sentido, se espera que las recomendaciones expuestas por la sociedad civil sean tenidas en cuenta por el actual gobierno para seguir aportando a la protección integral de niñas, niños y adolescentes”.
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