Equivocaciones en la liquidación de las prestaciones sociales, ayuda de tramitadores y meses de espera para que sean cancelados estos dineros son tres situaciones que están enfrentando los educadores del Departamento, así lo afirmó Irania Hernández Romero, presidente de la Red de Veedurías del Tolima, Revisar.

Según la Veedora, “los problemas que rodean el derecho a la educación en nuestro Departamento no son solamente la falta de tecnología, acceso o falta de compromiso de algunos docentes para que los estudiantes permanezcan en las aulas y no vayan a engrosar los cordones de pobreza y delincuencia; los docentes pasan por ciertas situaciones que no sabemos y no comprendemos por qué se dan, como en el caso de quienes solicitan resoluciones auténticas para iniciar demandas por el no cumplimiento del pago a tiempo de sus prestaciones”, explicó Hernández.

Los errores
A juicio de la Directora, los frecuentes errores en las liquidaciones afectan significativamente a los educadores, dado que éstos se amparan en la expectativa del valor que les será reconocido por sus prestaciones y adquieren compromisos económicos.

“En el Fondo de Prestaciones sociales del Magisterio, regional Tolima,  se vienen cometiendo errores en las liquidaciones que no sabemos si son voluntarias o involuntarias, lo cierto es que perjudican notablemente a los docentes porque por lo general piden las prestaciones ya sea para comprar una casa, un carro...

“Esa deuda la adquieren con base en esas prestaciones pero no sabe cuando le va a salir y terminan pagando intereses o empiezan a quedar mal”.
Errores en las fechas e incluso en las sumas a depositar son los más recurrentes que señalan los educadores.

Largos trámites
Con respecto a los plazos para la cancelación de ese derecho, la Veedora sostuvo que la demora en el pago de los recursos es ilimitada y en la mayoría de los casos los educadores deben acudir a un tramitador.

“Esta situación no es nueva, viene desde hace tiempo y ha sido reiterativa.
“La solicitud de pago de prestaciones a pesar de que en la Ley 1071 de 2006 reza que la entidad cuenta con 15 días hábiles para emitir el acto administrativo de reconocimiento a la prestación, cinco días hábiles más para su ejecutoria y 45 para su pago, no se cumple por la entidad prestacional”, anotó.

“No entendemos cuál es la razón para que algunos abogados y tramitadores tengan en su poder listados de los docentes a quienes se les ha reconocido, aprobado y notificado sus prestaciones, y con esta información se empieza a manipular y desinformar aduciendo la necesidad de contratar  los servicios de un abogado para su justa reclamación.

“Es de amplio conocimiento que si contratan sus servicios el trámite dura entre seis y siete meses, pero si los hace el docente solo puede perfectamente durar más de un año”.

Las acciones
Por último, Hernández aseguró que si la situación no mejora, se harán las denuncias frente a las autoridades pertinentes:
“Vamos a emprender acciones con casos puntuales denunciando ante la Fiscalía o en donde corresponda, porque ahí se viene manejando un carrusel que hay revisar”, concluyó.

LA VOZ
En diálogo con EL NUEVO DÍA, el secretario de Educación Departamental encargado, Luis Manuel Guzmán, explicó que las liquidaciones de cesantías y pensiones se cancelan a través del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio que se maneja desde Bogotá.

“La Administración Departamental simplemente, como se le ha informado a la organización sindical y a los docentes, lo que hace es recibir la información, verificar la documentación, hacer una revisión previa y luego se envía a Bogotá el expediente, para que allá en la Fiduprevisora -que es la que administra los recursos del fondo- sea la que otorgue la viabilidad de la cancelación o no.

“En el trámite a ratos se presenta demora pero no es por causa de la labor de la Secretaría de Educación, nosotros nos convertimos en un intermediario y no podemos expedir el acto administrativo hasta tanto no haya sido revisado por parte de la Fiduprevisora y nos autoricen formalmente el procedimiento.

“Incluso, tenemos muchas acciones judiciales en las cuales se ha  solicitado que involucren al Fondo de Prestaciones sociales del Magisterio porque la demora en esas reclamaciones es por el trámite que se adelanta en Bogotá”, finalizó Guzmán.