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Los trabajadores del hospital La Milagrosa además de unirse al paro nacional de esta semana decidieron emitir su voz de protesta por la crítica situación que está atravesando la entidad de primer nivel. La crisis incluye desde atraso en el pago de salarios, primas de servicios y dotaciones, hasta un proceso de embargo de cuentas bancarias.
El tema también es de preocupación de los habitantes, pues temen que con el paso de los meses pierdan ‘La Milagrosa’, un hospital que no cuenta con una infraestructura propia y está funcionando en una sede del Comité de Cafeteros bajo la modalidad de arriendo.
Francisco Javier Calderón, habitante de Villarrica comentó que la compleja situación lleva varios años y con el paso del tiempo se fueron acumulando diferentes deudas, incluida la de los trabajadores. “A los empleados no les han pagado vacaciones, primas, sueldos e incluso no les han dado la dotación desde 2019”.
Pero un detonante que generó polémica e incluso molestia, habrían sido las declaraciones de un Secretario de Despacho, quien según Calderón dio a entender que debido a la crisis existe el riesgo de que el hospital pase a ser un ‘puesto de salud’, “y eso no queremos porque el municipio más cercano está a 30 kilómetros de Villarrica, es decir Cunday, esa es nuestra preocupación”.
Preocupante radiografía
Por su parte, el gerente del hospital La Milagrosa, Andrés Enrique Vesga, explicó que cuando llegó al cargo hace seis meses, se debía cuatro meses de pagos a los trabajadores, con esfuerzos se logró cancelar dos y al cierre de noviembre quedarían pendiente dos.
“De problemas heredados… en este caso de la Comisión Nacional del Servicio Civil, por un concurso de méritos se debía alrededor de $2 millones y claro, 10 años después recae un embargo a las cuentas, porque se adeudaba un aproximado de $10 millones que fueron descontados inmediatamente por el embargo”.
Tras adelantar el trámite respectivo se logró desembargar las cuentas el jueves en la noche y “de lo poco que quedaba, se pagó una pequeña (parte). Lo que había, lo repartimos”.
La orden judicial fue un ‘golpe financiero’ para al centro asistencial y se suma a una serie de deudas como la de $30 millones por concepto de varios meses de arriendo atrasados con el Comité de Cafeteros y al de la empresa Celsia por el servicio de energía.
En cuanto al cese de actividades “es un tema delicado, puesto que vamos a finalizar el año y se organiza este plantón o paro, es preocupante. En tiempos de Covid – 19, no se ha podido hacer mucha oferta de servicios, no se ha (logrado) facturar. En estos últimos meses se ha intentado por todos los medios (adelantar) brigadas, todos los domingos salimos al parque principal, vamos a las veredas, visitamos casa a casa haciendo atención. Se han estado haciendo una serie de eventos para poder intentar recuperar lo que no se ha hecho durante tantos meses”.
Otro de los factores que juega en contra, es que en gerencias anteriores contrataron a muy bajo costo con las EPS, por lo que ahora el trabajo es renegociar las tarifas. En medio de los trámites se acordó que el servicio de ambulancias y el de partos los paguen por evento.
“Al parecer tenemos la UPC más bajita de todo el Tolima y son contratos que se han firmado en otros momentos y recuperar ese tema lleva tiempo, más todos los problemas, demandas y demás que tiene el hospital y que se han ido poquito a poquito solventando. Es un tema de tiempo”.
El directivo agregó, que no se puede pretender que los problemas que llevan años, se solucionen en seis meses, tiempo que lleva frente a la gerencia. “No ha sido fácil el manejo de este hospital, pero estamos con las ganas e ideas de hacer cosas, necesitamos el apoyo de todos”.
A la complicada radiografía, se le debe agregar la cartera, también de años anteriores. Aunque se calcula en cerca de $800 millones, la cifra final podría quedar por debajo, luego de las conciliaciones.
Teniendo en cuenta el pronunciamiento de un funcionario sobre la posibilidad de quedar con un centro de salud, el gerente dijo que indiscutiblemente hay un riesgo financiero alto, “por eso tenemos que mancomunadamente unirnos todo el municipio. No hablemos de centro de salud, pero sí que el hospital entre a riesgo financiero y eso tiene componentes complicados para todos.
“Estamos luchando para que eso no pase. En este momento no podemos parar, toca poner el acelerador y hacerle”.
Incumplimiento laboral
Del lado de los trabajadores, Jorge Orlando Pérez, integrante del sindicato Anthoc, mencionó que la huelga de esta semana se ampara en el incumplimiento de obligaciones laborales que está contemplado en la Ley 584 del año 2000. “Con esto de la pandemia nos llaman héroes y heroínas, pero estamos en estas condiciones. Nosotros no necesitamos este tipo de calificativos, sino que reconozcan que somos hombres y mujeres que trabajamos y como tal, tenemos unas obligaciones con nuestras familias y nosotros mismos”.
Grabación terminó en denuncia
De otro lado, en medio de la protesta surgió una situación particular. Francisco Javier Calderón contó que “ellos (trabajadores) hicieron una reunión pública para que la comunidad conociera lo que está sucediendo, nosotros nos acercamos y empezamos a tomar fotos y videos, y el Secretario de Gobierno me dijo que estaba prohibido tomar fotos y filmar, sabiendo que eso está amparado por la Constitución, por eso me agrede verbalmente y amenaza públicamente”, contó Calderón.
En las imágenes se ve que el ciudadano estaba haciendo un video en el que se escucha las razones de los trabajadores para adelantar la huelga y en el instante en que el gerente Andrés Enrique Vesga explicaba el embargo de las cuentas, se escucha una voz que dice “perdón, perdón una cosa, ¿gerente usted ha autorizado grabar la reunión?”, y se interrumpe el video.
La situación generó que Calderón anunciara una demanda por abuso de autoridad y violación de derechos constitucionales.
Dato
En la actualidad, ‘LaMilagrosa’ tiene 27 trabajadores entre personal de planta y contratistas.
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