Diferentes organizaciones ambientales del departamento participaron este lunes en una audiencia pública convocada por la Cámara de Representantes, en la que se abordó el proyecto de ley estatutaria que busca regular el derecho a la participación ciudadana afectada y potencialmente por el desarrollo de proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables.

Propuesta que es impulsada con el fin de crear mecanismos que le permitan a los habitantes de municipios y distritos, a donde se busque desarrollar proyectos, expresarse libremente sobre ellos.

En este espacio se recordó la lucha ambiental que nació en el Tolima para defender el territorio a través de las consultas populares, la primera fue la de Piedras en 2013 y en 2017 la de Cajamarca.

El representante a la Cámara, Juan Carlos Losada, expuso que la idea es desarrollar seis audiencias públicas en el país para cumplir con la tarea encomendada por la Comisión Primera, ejercicio que ya se hizo en Boyacá, Cesar, Antioquia y Córdoba, con el objetivo de escuchar a la ciudadanía sobre las dificultades que tienen para expresar sus opiniones.

Losada recordó que la Corte Constitucional además de decidir sobre las consultas populares en temas mineros expuso que hay “un déficit de participación en los contextos extractivos y que le corresponde entonces al Congreso de la República cerrar esa brecha”.

Señaló que ya van tres años de un trabajo de concertación con el Movimiento Nacional Ambiental y Siembra, para redactar el texto del proyecto de ley de participación en contextos extractivos. La ponencia ya fue radicada ante el Congreso.

Igualmente, expuso que la participación ciudadana debe tener garantías “del derecho a la vida de los líderes y lideresas ambientales, de los defensores de la tierra como lo dice el Acuerdo de Escazú”.  

‘Catarsis’ ambiental 

En este espacio participaron ciudadanos de diferentes municipios entre ellos Piedras, Venadillo, Cajamarca, Alvarado y Falan, ello llamaron la atención de diferentes intereses que irían en contravía de los recursos naturales, como por ejemplo, en Venadillo las alertas están encendidas porque existen personas que quieren hacer minería ilegal.

Mientras que por el lado de Piedras se habló del proyecto de hidrocarburos ‘Perforación Exploratoria VSM3’ de la Sociedad Telpico Colombia LLC que se ubica entre Alvarado, Piedras y Coello.

Sobre este tema se señaló que en medio del total desconocimiento de las comunidades y Administraciones locales, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, Anla, entregó permiso para adelantar actividades exploratorias en un área de 23 mil hectáreas.

Igualmente, se narró que coincidencialmente Alvarado y Piedras, en la actualidad tienen agudos problemas por falta de agua.

Entre las intervenciones estuvo la de Camilo Cifuentes oriundo de Piedras, quien indicó que se entregó una licencia ambiental pese a que allí se encuentra con el ‘blindaje’ de la Consulta Popular y un Esquema de Ordenamiento Territorial, EOT, que prohíbe actividades industriales a gran escala. Sin embargo, las empresas no la están teniendo en cuenta y hacen presencia en el municipio, intentando hacer un acercamiento con los habitantes.

“Cuál va hacer nuestro mecanismo hoy, como municipio de Piedras que ya tenemos una Consulta Popular y hemos avanzado, (la pregunta) es ¿mientras tanto qué?” Aunque la ciudadanía ha emprendido acciones jurídicas, también coincidieron en que se necesita un mecanismo de participación ya, asimismo, que se vigile cómo son los procesos de socialización previo a la entrega de la licencia ambiental, pues a hoy los habitantes de Piedras no saben cómo se hizo.

A esto se suma el hecho que los bloques petroleros se cruzan con el acuífero de Ibagué, que es visto como una preciada reserva del agua y el cuarto más importante del país.

Por su parte, Daniel Rubio, procurador Ambiental y Agrario del Tolima, expresó a su turno que la audiencia terminó convirtiéndose en una especie de “catarsis colectiva”, pues además del proyecto de ley se habló de lo que está sucediendo ambientalmente en el departamento.

Agregó, que en temas de participación también se debe tener en cuenta el lenguaje, que los estudios y datos técnicos de los proyectos sean entendibles para todos los ciudadanos y que se establezca tiempos prudentes para su socialización o divulgación y no se haga de “chorizo” como suele suceder, es decir, un estudio que tomó más de un año construir se explique en un par de horas.

Para el funcionario, es indispensable que las personas entiendan claramente “las consecuencias positivas y negativas de esa actividad humana que se va a adelantar, fruto de un contrato de concesión o permiso de licencia ambiental”.

Rubio añadió que un elemento clave además de la participación es garantizar la correcta transferencia de conocimientos, igualmente, que se permita una discusión.

Latente intranquilidad 

El próximo 26 de marzo se cumplen seis años desde que ganó la Consulta Popular de Cajamarca, durante este tiempo han surgido diferentes acciones jurídicas que buscan ‘tumbarla’. Por ejemplo, recientemente el Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera rechazó una demanda que tenía como pretensión anular un acto administrativo de Cortolima.

Sobre este caso, Robinson Mejía explicó que la decisión es sobre una acción que interpuso el abogado Wilson Vallejo en contra de una resolución emitida en 2018 relacionada con la implementación de la Consulta en la ‘Despensa Agrícola’, en dicho documento se pedía analizar todos los proyectos mineros que estaban vigentes hasta esa época, igualmente, negar nuevas solicitudes. “Lo que dice el Consejo de Estado es que no está bien formulada, por eso no la admiten”.

El ambientalista indicó que hay otras demandas en curso, también ante el Consejo de Estado interpuesta en 2020 por Anglogold Ashanti “contra cuatro (decisiones) que surgen posteriormente contra esta primera que son producto de la cancelación de dos concesiones de agua que tenía Anglogold en Cajamarca para el proyecto minero La Colosa”.

A la que suma una de 2019 que se interpuso en contra del Acuerdo que adoptó la Consulta, en este caso los demandantes son el abogado Vallejo y el actual ministro de Transporte, Guillermo Reyes.

“Lo que nosotros identificamos es que Anglogold tiene una cruzada judicial en contra de la Consulta y las decisiones tomadas por Cortolima, como el Concejo y la Alcaldía de Cajamarca”, dijo Mejía.

En lista de demandas de la multinacional también se encontraría una relacionada con la delimitación del complejo de páramos de Los Nevados.

Ante este panorama se mantiene la preocupación entre los cajamarcunos, pues temen que el resultado de la Consulta Popular quede en vilo por alguna decisión judicial.  

Proyecto en contrarreloj 

Robinson Mejía, integrante del Movimiento Nacional Ambiental y promotor de la Consulta Popular de Cajamarca, agregó que el proyecto busca subsanar el déficit “inadmisible de participación que ha reconocido la Corte Constitucional en la misma sentencia que nos quita el derecho a las consultas”.

Sobre la jornada del Tolima, el ambientalista llamó la atención en lo que está sucediendo en el norte y centro de la región y en la “necesidad latente de exigir que las comunidades tengan mecanismos de participación para poder decidir sobre qué sucede y que no, en su territorio.

“Creemos que este proyecto de ley ha dado en uno de los temas más cruciales de la defensa y los procesos ambientales en el país. En el Tolima ha sido bien recibida y esperamos que también sea de la misma manera en el Congreso”, precisó.

A la par de las audiencias se están adelantando mesas técnicas con los ministerios de Minas y Ambiente, con el fin de llegar a un consenso que permita que el Gobierno nacional “pueda acompañar el texto al proyecto de ley y así poder ser sometido en la Comisión Primera”.

Al buscar que sea una ley estatutaria se requiere que el proyecto pase por cuatro debates, dos en Cámara de Representantes y dos en Senado, todo en una misma legislatura, es decir, antes del 20 de julio. De no lograrlo se deberá radicar nuevamente en la próxima legislatura.

Dato

En la audiencia hicieron presencia el Procurador Ambiental y Agrario del Departamento, la Defensoría del Pueblo, entre otras autoridades.

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