De acuerdo con el fallo, esta decisión se deriva de un incumplimiento en la entrega de las actas de los comicios, realizados el pasado 29 de abril, por lo que se presume que estos no se llevaron a cabo.

Por consiguiente, se ordena a María Inés Castillo, representante actual legal de la JAC,  “convocar y ejecutar los actos estrictamente necesarios tendientes a proteger el patrimonio de la organización comunal”, contrario de que esta pierda su personería jurídica.  

“En caso de no cumplirse lo estipulado en los artículos Segundo y Tercero del presente acto administrativo, acarreará la cancelación del registro, según lo establecido en el inciso 2 del parágrafo 1 del artículo 32 de la ley 742 de 2002”, según dicta la resolución.

Cabe resaltar que la Secretaría de Bienestar fija como fecha límite la elección del Tribunal de Garantías antes del 14 de julio del presente año.