Suspender las actividades desplegadas por la multinacional minera Anglogold Ashanti (AGA) en el territorio colombiano y derogar el decreto 934 de 2013, donde se centraliza el manejo de los recursos naturales, desconociendo la competencia de los concejos municipales, es la petición radicada ante el Ministerio de Minas y Energía

Los concejales Camilo Delgado y William Rosas, responsables de esta iniciativa, señalaron en el documento que AGA realizó operaciones en el país durante tres años sin formalizar su creación ante el Estado colombiano.

Y que en documentos oficiales el expresidente de esta compañía Chris Lodder, afirmó que se invirtieron en Colombia entre 2000 y 2003 un total de 3.6 millones de dólares, en la generación de objetivos para la empresa en el país

No obstante, a partir de la revisión del certificado de existencia y representación de la empresa, se evidencia que su constitución en Colombia se realizó a través de la escritura pública 006068 de la notaría 45 de Bogotá el 3 de septiembre de 2003, con la denominación Sociedad Kedhada S.A., es decir solo tres años después de iniciar operaciones y tras haber invertido una cantidad más que significativa de dinero.

“Esta empresa, violando el artículo 30 de la ley 222 de 1995, norma que obliga a las entidades matrices o controlantes a efectuar la inscripción de la situación de control o grupo empresarial ante las respectivas cámaras de comercio, actúa a través de personas jurídicas que no están registradas dentro de su grupo empresarial, ni aparecen registradas como empresas controladas.

“Es el caso de sociedades como: Exploraciones Chocó Colombia SAS, Minera Quebradona Colombia S.A. y Gramalote Colombia Limited, que tienen como representante legal al Sr. Kluksdahl Ken Allenquien, quien también se desempeña como representante legal de AGA Colombia; y que cuentan con dirección de notificación oficial, correos institucionales de Anglo y con la misma dirección física en donde esta empresa tiene su sede”, menciona el documento.

“AGA ha incumplido sus obligaciones fiscales”

Los concejales también argumentan que en la auditoría sobre renta minera en conjunto con la Dian y la Superintendencia de Sociedades de la Contraloría Delegada del sector Minas y Energía del año 2011, el organismo de control llamó la atención sobre “la normatividad tributaria, contable y societaria, que beneficia a las empresas en perjuicio de los ingresos de la Nación”.

Por ejemplo, “de 341 títulos activos, según el Servicio Geológico Colombiano, solo se pagó canon en 267 de ellos. 

“El informe detectó cómo el ingreso por el pago de canon superficiario disminuyó año a año, a pesar de que la empresa solo devolvió 34 títulos, pues para el 2009 pagó siete mil 609 millones, mientras que en 2010 tan solo pagó tres mil 486 millones”.

De igual forma, explican que en una muestra de expedientes de la AGA entre 2007-2011 se encontraron 39 hallazgos con presunto alcance disciplinario, uno con presunto alcance penal y 12 con presunto alcance fiscal por una cuantía de siete mil millones de pesos.

Y entre las principales fallas detectadas se encuentran demoras en la inscripción de actos sometidos a registro minero, pago inoportuno de canon superficiario, liquidación irregular por un valor inferior al correspondiente y reducciones no autorizadas del área de los títulos. 

Todas estas irregularidades benefician a AGA en detrimento de los ingresos fiscales del Estado.

Por otra parte, argumentan en el escrito que AGA acapara tierras y recursos hídricos estratégicos y citan los predios ubicados en Cajamarca. 

Este aspecto es de particular preocupación para los suscritos concejales del municipio de Ibagué, porque estos predios se encuentra ubicados a poco más de 30 minutos de Cajamarca, al menos 42 de ellos cuentan con recurso hídrico estratégico.

”Fuentes hídricas que alimentan el distrito de riego Usocoello, así como fuentes hídricas que alimentarían proyectos de riego de pequeña escala, como el que hoy se encuentra en estudios por parte del Incoder, denominado La Marinilla, los cuales abastecen y abastecerían de agua a campesinos y agricultores de la zona”.

Y agrega: “Al control de las fuentes hídricas, vía compra de predios, se suma la advertencia hecha por los diferentes organismos de control sobre el riesgo que corre el recurso hídrico de la región con la ejecución del proyecto La Colosa.

La petición

Según los concejales Delgado y Rosas, la petición es que se suspenda la actividad de Anglogold Ashanti o en su defecto inicie el proceso de caducidad de los títulos que están ubicados en zonas excluidas de la minería.

“Del mismo modo solicitarle especialmente al señor Ministro de Minas y Energía, Federico Renjifo, la derogatoria del Decreto 934 de 2013 por considerar que dicha disposición reglamentó, inconstitucionalmente, la centralización absoluta en el manejo de nuestros recursos naturales, desconociendo la competencia de los Concejos municipales, conforme las consideraciones expuestas en el presente derecho de petición”.