El curador Urbano Dos, Greisman Cifuentes, aseveró que la expedición de la licencia de construcción que permitirá la edificación de 560 celdas más en la penitenciaría de Picaleña, se efectuó conforme al decreto nacional 1469 de 2010 que establece que el trámite de licencias de construcción bajo la modalidad de ampliación no requiere de la disponibilidad de servicios públicos.

Según Cifuentes, este requisito solo es exigible cuando se trata de una licencia de urbanización que para el caso no aplica. Además, el Plan de Ordenamiento Territorial (antiguo acuerdo 116) que rigió en el momento de expedir la resolución 582 de julio de 2013, define que el predio se encuentra en una zona de actividad institucional y equipamiento colectivo, que permite a través del acuerdo 09 de 2002, la construcción de equipamiento de seguridad.

Curadores se pasan por la faja autoridad local

El concejal Pedro Mora Quintero, afirmó que el decreto 2201 de 2003 suscrito por el expresidente Álvaro Uribe fue el que finalmente les permitió a las curadurías “pisotear” las normas de que reglamentan el ordenamiento territorial.

“Hay unas cosas que se han dado en el tema de la cárcel bastantes graves. Un decreto presidencial que le permitió a los curadores pisotear todas las normas urbanísticas de orden local, pasarse el ordenamiento territorial, los permisos, es decir, un chaleco en este acto administrativo. Qué le estamos pidiendo al personero Municipal, es un hecho cumplido la ampliación de la cárcel, solo se puede hacer algo ante el contencioso administrativo para que un juez de la república sea quien declare la nulidad del acto administrativo y podamos por vía judicial quitarnos ese peso.

“No le tenemos por qué tener miedo a demandar la licencia de urbanismo, que un juez le dé credibilidad al ordenamiento territorial, al grito de los ciudadanos y llamado de atención a las autoridades locales”

El cabildante efectuó una dura crítica en contra el ministro de Justicia, Yesid Reyes, quien apoya la ampliación del complejo carcelario, pese al hacinamiento que es de un 30 por ciento.

“El Gobierno lo que ve desde el aire cuando vienen en avión los ministros paisanos nuestros, es en todo ese plan del Tolima la construcción de una cárcel. Me parece que nos están tratando como ciudadanos de tercera categoría”, dijo.

Sin eco ante el Gobierno nacional

Mora Quintero y la concejal Linda Perdomo, recordaron que el Municipio entregó parte del terreno de la hacienda El Escobal para la ampliación por primera vez (2006) del Coiba en dicho lugar.

Sin embargo, la comunidad aledaña al sector se opuso y el predio fue descartado.

“Lo que pasa es que los vecinos no eran gente del populacho, los terratenientes y los dueños de la tierra ellos sí tuvieron eco ante el Gobierno nacional y lograron que no se construyera la cárcel. Pero la voz de la gente humilde Las Américas, Comfenalco, Villa Marina, su grito no alcanzó a llegar a Bogotá y les construyeron por encima de lo que fuera. Pienso que la autonomía de los entes territoriales debe tener un valor constitucional”, expresó Mora.

Titularidad del predio

El concejal del Polo Democrático, Jairo Villanueva, señaló que debe hacerse seguimiento frente al procedimiento que permite al Instituto Penitenciario (Inpec) tener la titularidad del terreno, pues en el informe allegado por Cifuentes al Concejo, se advierte que para el 2006 el terreno era propiedad de Infibagué.

Para Villanueva el ceder el terreno sería una decisión que debió ser consultada con la corporación.

El concejal Pedro Mora, agregó que el instituto transfirió a la Gestora Urbana el terreno, sin que se conozca mediante qué acto administrativo se cedió el terreno al Inpec.

Villanueva alertó que el área en la cual se autorizó construir superaría la ampliación efectuada en el 2006, pues se está hablando de casi 11 mil metros cuadrados.