“Vemos que el Concejo convoca a sesión informal para tratar otros temas menores y no este que la corporación ha asumido con mucha seriedad y responsabilidad”, dijo. 

El directivo advirtió que después de la concertación se variaron unos puntos de carácter urbanísticos sobre los cuales no tiene autoridad la corporación. Pero sí, con respecto a unos puntos de carácter ambiental. “Hubo más de 10 lineamientos que fueron ampliamente variados”, informó. 

“Se encontró que se disminuyó de 500 a 300 metros la zona de mitigación que se había establecido en la zona urbana hacia la zona rural. Se redujo la franja que se había dispuesto sobre la posibilidad de que no haya fumigaciones en áreas en ese entorno de los 500 metros a zonas próximas que están habitadas. También, la disposición de usos de suelo en algunos sitios que se habían declarado como uso prohibido.

“Se varió el grado de inclinación de algunas áreas de 15 a 20 grados para establecer viviendas campestres en ciertas zonas”, mencionó Cardoso. Con respecto a las áreas de cesión, Cortolima estableció una disminución superior a lo acordado. 

“Inicialmente se había acordado en la mesa de concertación que se deberían entregar unas cesiones obligatorias del 12 por ciento y se variaron al nueve por ciento, específicamente en los sitios en que se va a construir vivienda campestre en áreas suburbanas. Esto es un mensaje de que hubo un lapicerito travieso que disminuyó el porcentaje de áreas de cesiones obligatorias en áreas suburbanas y rurales de condominios campestre”, señaló. 

Plan parcial Santa Cruz ¿Un golazo? 

Jorge Enrique Cardoso explicó que las 47 hectáreas que incluye el desarrollo del plan Parcial Santa Cruz, en el parque Deportivo, como zona de expansión urbana, no fue una área concertada con Cortolima. 

“Hasta hoy nos dimos cuenta de la denuncia que hizo un medio regional impreso, no tenemos conocimiento de ese tema pero estuvo ampliamente discutido en las mesas de concertación y nosotros no teníamos conocimiento de esas nuevas áreas. La Corporación fue muy explícita en decidir conjuntamente con la Administración cuáles eran las zonas de expansión y cuál era el nuevo perímetro urbano”, dijo Cardoso.

Añadió “lo que nos preocupa profundamente es que las autoridades municipales de un tiempo acá les dio por modificar los POT a través de decreto. Esto se configura como una dictadura de ordenamiento territorial que va en contravía de los intereses de los ciudadanos que residen en unas regiones”. 

La CAR investida de esa potestad de autoridad ambiental no puede mirar para otro lado cuando están ocurriendo a través de las alcaldías esa clase de dictaduras de ordenamiento territorial”, dijo Cardoso.  

Y recordó que así los concejos municipales de cualquier otro municipio propongan una modificación de un asunto ambiental, estas deben pasar a la autoridad ambiental a revisión.