Las declaraciones del presidente del sindicato de trabajadores públicos (Asoempubli) de la Alcaldía de Ibagué, Enrique Hoyos, con respecto a posibles irregularidades en la licitación 08 que comprometía recursos por el orden de los mil millones de pesos, para la capacitación en Tecnología de la Información (Tic) a los empleados de planta, obligó a la Secretaría Administrativa a descartar el proceso.

Hoyos argumentó que en ningún momento se socializó con las organizaciones sindicales la iniciativa y menos había pasado por el conducto regular que prevé el PIC, donde deben remitirse todos los procesos de capacitación a los empleados.

De igual manera, al contratista se le pagaría un 80 por ciento del total de los recursos, aparentemente, al inicio de la ejecución del mismo y un 20 por ciento al finalizar, lo cual genera suspicacias.

De igual manera, Hoyos cuestionó que si los recursos fueron otorgados por el Departamento Administrativo de la Función Pública (Dafp), por qué la Administración municipal no efectuó un convenio con entidades del orden territorial como el Sena y la Escuela de Administración Pública (Esap) para maximizar los recursos y ampliar la cobertura del programa.

No obstante, para el líder sindical resulta extraño que en los 33 años que lleva de servicio en la nómina del Municipio se empleen una cantidad de recursos de tal proporción cuando el máximo destinado no superaba los 110 millones de pesos anuales.

“Nunca habíamos visto aquí en Ibagué, en el tiempo que llevo de servidor público de 33 años, que se haya destinado un presupuesto de mil millones para capacitar a los servidores públicos cuando el presupuesto más alto que se ha destinado ha sido entre 100 y 110 millones de pesos al año para capacitar a los servidores públicos del municipio”, subrayó el funcionario.

No se concertó y no era obligación

No obstante, en respuesta a las declaraciones el secretario Administrativo, José Adrián Monroy, señaló que como la capacitación iba dirigida a todos los funcionarios y no conforme a la función desempeñada en cada área específica, no era deber de la dependencia consultar la decisión con los sindicatos.

“Nosotros coordinamos con los funcionarios lo que tiene que ver con el PIC (Plan de Capacitación) que son las capacitaciones que se hacen conforme y con ocasión a sus cargos, por ende como eran áreas adicionales no se concertaron, tampoco teníamos la obligación de hacerlo”, indicó.

Por otra parte, aclaró que aunque en un primer momento se contempló la iniciativa de suscribir un convenio con alguna institución universitaria, se optó a que en aras de la transparencia y por ser un proceso público, la persona o empresa que tuviera la capacidad y el mejor derecho, se presentara y concursara en la adjudicación del contrato.

Sin embargo, Monroy no hizo mayor claridad frente a la fuente de los recursos, pues aunque afirmó en primera medida que fueron gestionados por a Secretaría de Hacienda ante el Gobierno nacional, posteriormente, señaló que pertenecían a dineros que había generado Hacienda municipal, pero que no pertenecían a recursos propios.

¿Por qué descartar?

Según el funcionario, conforme a los comentarios suscitados, se tomó la determinación de parar el proceso y descartarlo, hasta tanto no se tenga certeza de cómo se va a desarrollar y se pueda librar de todas las suspicacias que se han generado alrededor del mismo.

“Principalmente, en esencia sabíamos que el proyecto tenía un buen fin y es el de poder brindar una capacitación a los funcionarios y que permita generar unas áreas de conocimiento adicionales a las que se trabajan.

“Debido a la información que ha venido surgiendo es mejor darle un compás de espera con el fin de poder aclarar toda la información y determinar si realmente estábamos incurriendo en un error, o podemos modificarlo para que pueda seguir su curso”, concluyó Monroy.