Esta condición hizo que varias familias fueran desalojadas de las casa adquiridas con grandes esfuerzos económicos, pero otros se quedaron esperando que les respondan por los perjuicios causados y no se vaya a hacer borrón y cuenta nueva con el Plan de Ordenamiento Territorial.

Jairo Antonio González, es una de las personas perjudicadas y asegura que existen tres fallos judiciales donde se afirma que las viviendas de la urbanización son ilegales, y se estaría hablando de falsedad en documento público y hasta estafa.

Los fallos a favor se otorgaron por la sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Administrativo del Tolima, es así que la comunidad considera que se estaría desconociendo la decisión judicial de demoler las casas por las irregularidades encontradas, para lo cual piden su respectiva indemnización.

González aseguró “el municipio no invirtió nada, escasamente la documentación y el banco AV Villas suministró $1.250 millones para la semiconstrucción de la Urbanización, pero ambos entes consintieron que los constructores hicieran todo a su amaño, y ahora pretenden ocultar los errores por medio del perverso POT”.

Hace 17 años inició este calvario, donde la comunidad creyó materializar el sueño de tener una vivienda propia y digna, ahora solo esperan que la Administración municipal les brinde la solución que requieren, ya que debido a esto varias de sus calles no han podido ser pavimentadas y las casas desde su entrega registraron problemas en su infraestructura.