El silencio podría interpretarse como indiferencia ante el riesgo de deforestación de este pulmón de la ciudad.

Así lo expresó el ingeniero Óscar Hernández Arana, quien a su parecer, la sociedad civil debe ser escuchada cuando se trata de defender el interés general.

Según el profesional, el Juzgado se va a pronunciar cuando no queden mayores acciones que efectuar para la protección de la riqueza natural de Ibagué.

“El señor juez se va a pronunciar cuando estén depredados estos referentes naturales de la ciudad”, señaló.

El fallo ordenaba que de manera inmediata el Municipio de Ibagué y Cortolima, adoptaran las medidas necesarias para impedir en lo sucesivo la tala y quema de bosques de manera indiscriminada en los cerros Nororientales y Noroccidentales.

El pasado 24 de marzo Hernández Arana solicitó al Juzgado Administrativo tomar acciones legales en contra de las entidades accionadas en el fallo por incumplir las disposiciones del mismo.

Arana Hernández sugirió el grave riesgo en el corto plazo si no se toman medidas correctivas inmediatas, para los más de 30 mil ciudadanos que se abastecen de agua de los acueductos de las comunas Dos, Seis y Siete, que se quedarían sin el preciado líquido; con el antecedente demostrado que el Ibal de ninguna manera ofrece alternativa de solución para toda esta comunidad.

La reflexión del profesional y especialista en Planificación y Administración del desarrollo Regional, es que en el mediano plazo se tendrán unos cerros con construcciones de casas y edificaciones, sin control urbanístico y graves problemas sociales y de orden público, muy parecido a lo que se vivió en las comunas de Medellín y en el barrio Siloé de Cali, sirviendo de albergue a mineros de Marmato (Caldas), para posteriormente ser escondite de milicias urbanas.