La viceministra de Agua, María Carolina Castillo, en algunos medios radiales ratificó el llamado que hizo el Ministro de esta cartera a la Alcaldía, y la funcionaria afirmó que “el Gobierno nacional mantiene su compromiso con Ibagué pero solo hasta junio, porque hay muchas necesidades en el país y hubo un recorte presupuestal de seis billones de pesos a todas las entidades nacionales, y eso hace que los recursos se vayan para donde se puedan ejecutar”.

Al parecer el inconveniente radica en la falta de disposición legal de los predios donde se ejecutarían las obras, ya que sin la expropiación no se podría aprobar el proyecto, y es necesario contar con el terreno para poder destinar los recursos y que no se presenten inconvenientes de tipo jurídico en el futuro.

“El tema es de gestión Predial, porque ellos han mostrado interés, se necesitan resultados, es lograr expropiar los predios, y las facultades las tiene el señor Alcalde, además el Ministerio hizo gestión ante el Congreso para que fuera expedida la ley 1743 y hacer más asequible el proceso para proyectos en infraestructura de agua y de vivienda de interés prioritario”, dijo Castillo.

Por su parte, la Administración local asegura que por el proceso para adquirir el documento ya este estaría a punto de adquirirse, porque lleva más de seis meses en el proceso y en poco tiempo se podría lograr, aunque no se hiciera uso de la ley que sugiere el Gobierno nacional.

“Lo que dijeron los jurídicos del Municipio y del Ibal es que esa ley de expropiación no aplica para este tema, sino en vías, y avenidas de las variantes; pero para el tema del paso de servidumbres y de tubería no, volveré a preguntar y que me lo digan por escrito los abogados, pero ese tema está casi que finiquitado y hacer uso de esa ley ya no serviría”, afirmó el alcalde Luis H. Rodríguez.

Y complementó: “Se dijo que todo lo técnico estaba bien, y que cuando estuviera el tema legal, el proyecto podría ser aprobado, por lo tanto se inició a resolver el tema de servidumbres y llevamos seis meses con una serie de dificultades de tipo jurídico que no se solucionan de la noche a la mañana; yo creería que si el Gobierno es consciente de estas dificultades, no debería amenazar, sino entender”.

La Viceministra aseguró que Ibagué tiene las herramientas legales para que en menos de un mes se pueda tener los requerimientos, además dijo que el Ministerio ha enviado en reiteradas ocasiones a abogados para que brinden asistencia al caso, ya que delegados de la Administración y del Gobierno nacional se reúnen una vez al mes en Bogotá, y a la Ciudad Musical se le ha dado una espera de cuatro años.

El Alcalde asegura que mañana el Gerente del Ibal viajará a Bogotá para entregar un documento faltante: “Ya hay aprobados varios proyectos y es que no están contando todo, o no me están contando la verdad, por ejemplo para el tanque de la Fiscalía ya lo estamos contratando con recursos propios y otros que ya prácticamente tienen el concepto técnico, pero no los aprueban en su totalidad, hasta que se tenga el último documento”.

Y adicionó: “Este jueves debe viajar el Gerente a presentar ese documento que es un paz y salvo, y con esto cumplir todos los requisitos, y me da mucho miedo porque cada vez que se va nos piden nuevos requisitos. Siempre he creído que lo que quiere el Gobierno es que salga un estudio perfecto, no encuentro otra razón, porque muchas trabas y demasiadas dificultades”.

Además Luis H. expresó que si la dificultad se tratara en el contratista diseñador, desde un principio los hubiesen dicho, para hacer uso de las cláusulas por incumplimiento a los diseñadores, que al parecer han sido consultores del Gobierno nacional.

Pero también aseguró el Alcalde que “el Gobierno dice que se van a perder $60 mil millones, y cuando vamos a hablar de la plata dicen que son $40 mil millones, y luego que son $34 mil; hay muchas cosas que no están muy claras desde el mismo Gobierno, lo único claro es que hemos presentado todos estos proyectos durante dos años y medio, y han estado en revisiones y asuntos técnicos.

“Yo quisiera pensar que el jueves ya estaríamos cumpliendo con todos los requisitos, por eso estamos a la espera de un paz y salvo”, dijo Luis H. Rodríguez.

La Novela

A pesar de que en 2007 Cortolima advirtió que el proyecto de la obra está en una zona con tres fallas geológicas que la atraviesan, ademas de un terreno altamente rocoso y frágil por la remoción en masa, el proceso continuó.

En 2008 el Gobierno nacional asegura que debido a la solicitud y necesidad de Ibagué, firmó un convenio para otorgar un apoyo financiero por 19 mil millones de pesos, con el objetivo de garantizar la primera fase de las obras para el denominado acueducto complementario.

Por lo tanto el 8 de noviembre de 2011 se adjudicó el contrato 060 al consorcio Acualterno, por un valor superior a $6 mil millones. y así instalar los primeros 4.7 kilómetros de la línea de conducción.

En 2013, el Ibal confirmó la intención que tenía el contratista de acudir al Tribunal de Arbitramento para un reajuste, ya que, según indicaciones de Acualterno, se requería de la adición de 12 mil millones de pesos para el cumplimiento de la obra, por unos valores que no quedaron claros desde el inicio del contrato.

Según el Ministerio el proyecto a pesar de haber sido radicado, fue devuelto porque tendría unos problemas de diseños que la Administración municipal asegura que en 2013 fueron resueltos, pero faltaría la aprobación legal por el tema Predial.

El 8 de abril de 2014, el Ibal afirmó que había autorización para adicionar y de esta manera ajustar el contrato hasta en un 50 por ciento, y que los recursos se entregarían al contratista a los siguientes días.

Pero finalizando 2014, el Alcalde anunció la liquidación del contrato, sin descartar la intención de que el proceso se llevara hasta el Tribunal de Arbitramento.

Según amplió el Ministerio, el convenio fue declarado con incumplimiento, ya que a la fecha solo se tiene un avance del 49 por ciento y asegura que desde 2011 ha efectuado seguimiento y asistencia técnica a la Administración.

Algunos concejales aseguran que la Administración les ha dicho que solo se podría continuar cuando se solucionen los impedimentos del contrato 060, y no entienden cómo el Ministerio podría destinar los recursos faltantes si no se tiene claro qué sucederá con la primera fase.