El concejal Harold Lopera solicitará a las directivas de la empresa de Acueducto y Alcantarillado (Ibal) poner en práctica medidas previas ante el inminente cambio de medidores que iniciaría en julio para no afectar duramente el bolsillo de los ibaguereños.

El cabildante señaló que hasta ahora se evalúan los alcances del contrato suscrito entre el instituto y la empresa Proactiva Soluciones que pretende cargar a los usuarios el pago de 27 mil pesos por la instalación del nuevo medidor, cuando el promedio del costo de la mano de obra en el mercado oscila entre los 10 y 12 mil pesos.

De acuerdo con Lopera, el contrato suscrito entre ambas empresas pactó el cambio de medidores sin conocer el estudio que determine cuántos y cuáles medidores deberán ser remplazados.

Para el dirigente político, esta tipo de cláusulas despiertan suspicacias sobre la transparencia de la contratación llevada a cabo con el operador, que se verá beneficiado no solo con el cobro de los contadores cuyo precio supera los 140 mil pesos, también en el porcentaje que debe destinar mensualmente el Ibal en la implementación del modelo de gestión por resultados.

“El mismo contrato que determinó la gestión comercial habla del cambio de medidores y el negocio del Ibal y de Proactiva no puede ser el cambio de los medidores. ¿Por qué la adquisición de los contadores no lo hace el municipio o el Ibal a través de otro proceso de contratación en condiciones claras y transparentes? Uno no ve con buenos ojos este tipo de procesos que debe garantizar a los usuarios su derecho y no volverse un negocio para un tercero a costa de los ingresos de los estratos Uno, Dos y Tres”, replicó el concejal.

El bolsillo del usuario

De acuerdo con el concejal Harold Lopera la ley contempla tres casos en los que la empresa prestadora del servicio podrá ejecutar la renovación de los medidores. Por el diámetro del equipo, por estar en malas condiciones o haya cumplido su vida útil y contabilizar tres mil metros cúbicos que correspondería al consumo de agua promedio de una familia en 20 años y cambio por nueva tecnología.

Para el segundo caso, la ley estipula un procedimiento donde el usuario tiene el derecho a ser informado por parte de la empresa o el operador del estado actual de su equipo y una vez sea remitido al banco de pruebas, en este caso del Ibal, deberá reportar por escrito las causales del por qué se requiere la renovación del mismo.

Si el cambio obedece a la implementación de nueva tecnología, Lopera señaló que se requiere que el instituto determine mediante un estudio si es prioritario la reposición del equipo.

No obstante, aquellos usuarios cuyo medidor aún se encuentre en periodo de garantía y la empresa determine que debe ser cambiado, el equipo no deberá generarle costo al mismo. El periodo de garantía que otorga el Ibal es de 36 meses.

Lopera plantea de igual forma que en los programas de micro y macromedición la ley prevé que los recursos del Sistema General de Participaciones puedan ser destinados al subsidio de los mismos aplicables a los estratos Uno, Dos y Tres.

Sin embargo, la norma no prevé el porcentaje a cubrir que podría ser del 50 y 100 por ciento. Por esta razón, deberá analizarse la situación en la aprobación del presupuesto para la vigencia 2016.

Experiencia

El concejal Harold Lopera dijo conocer ejemplos como en la Dorada (Caldas) donde el cambio de medidores en forma magnética ha disparado la inconformidad de los usuarios por el cobro exhorbitante en las facturas.

Según el cabildante existen casos donde el usuario pasó de pagar 25 mil pesos mensuales a 120 mil pesos. Una de las razones, se debe a las fugas existentes en las viviendas.

“Este nuevo medidor calcula hasta una gota de agua. Qué significa eso, que si una persona hoy tiene un consumo promedio de 30 metros cúbicos con el medidor nuevo podrá cambiarle a 100 metros cúbicos aproximadamente. Que le estamos diciendo al Ibal que dentro de su responsabilidad social busque alternativas y estrategias para permitirle al usuario detectar problemas internos en las acometidas y conexiones para que en el momento en que se haga el cambio del medidor no se convierta un problema la facturación o el cobro del servicio”, señaló Lopera.

Además, añadió que existen municipios donde se emplea el programa Fontanero Amigo, un servicio gratuito que la empresa presta al usuario y una vez estén subsanadas las fugas se instala el medidor para que no le vaya a afectar al usuario el bolsillo.

“No es que no estemos de acuerdo con el cambio de medidores, en algún momento hay que hacerlo porque el Ibal podría estar enviando más agua y estar recaudando menos lo que sería gravísimo. Lo que estamos planteando es que el proceso debe ser lo más justo para el usuario en cuanto al costo del medidor, mano de obra y que la empresa tenga su responsabilidad social y le haga un acompañamiento a la comunidad para detectar las fugas internas de sus viviendas”, puntualizó.