Contraloría de Ibagué ratifica nómina paralela en administración de Luis H.

ARCHIVO - EL NUEVO DÍA
El órgano de control determinó que la gestión fiscal de la Administración central fue desfavorable, estableciendo 28 hallazgos para la vigencia 2014. Tres de carácter fiscal por 562 millones de pesos, cinco disciplinarios, dos sancionatorios y 18 administrativos.

La Contraloría de Ibagué en informe de auditoría efectuado a la gestión de la Alcaldía para la vigencia 2014 ratificó las denuncias formuladas sobre la existencia de una nómina paralela al interior del palacio municipal, al superar en ocho veces la planta de personal de carrera.

De acuerdo con el informe, en el periodo anterior fueron suscritos un total de tres mil 147 contratos por valor de $731.259.780.013 y de los cuales se destinó $33.253.003.662 para la contratación de personal mediante la modalidad de prestación de servicios.

Desde el primero de enero al finalizar el año, la Administración firmó dos mil 242 contratos directos por OPS que de acuerdo con la circular número 8 del 7 de mayo de 2013 de la Procuraduría General de la Nación, Contraloría General de la República y la Auditoría General de la Nación puede presentar graves riesgos para las finanzas del Municipio al ser adelantados procesos judiciales que generalmente conllevan a condenas muy cuantiosas.

Según el documento, existe una diferencia de $13.919.317.740 entre lo que paga la Administración a contratistas con respecto a los funcionarios de carrera cuya nómina ascendió a los $19.333.685.922.

“Entre el mes de enero al 31 de diciembre de 2014, la Alcaldía de Ibagué celebró 2.242 contratos directos de prestación de servicios, que suman $33.253 millones de pesos, por lo que se observa que la Administración Central tiene una nómina paralela ocho veces el tamaño de la nómina oficial que es de 380 personas y por un valor de $19.019 millones de pesos, acorde con los soportes allegados por la Administración”, puntualiza el órgano de control fiscal.

Pero aún hay más, el informe resalta que existen diversas falencias de tipo administrativo en la contratación para la rehabilitación de la malla vial, pues de los 90 contratos suscritos en la vigencia 2014, 84 tuvieron el mismo objeto contractual y los informes presentados como soporte de pagos aunque son similares no se logra establecer las vías donde efectuaron el cumplimiento del objeto de los mismos.

Según la Contraloría, la Administración central destinó seis mil 222 millones de pesos a suscribir contratos de prestación de servicios y suministros sin que se logre determinar con exactitud los sitios reales en que fueron invertidos los dineros y más sin que la misma Administración pudiese controvertir con argumentos suficientes el hallazgo.

La auditoría arrojó que en los contratos de suministro de mezcla asfáltica, el 1534 del 2014 (Viayco SAS: 140 millones 418 mil), 2778 del 2014 (Concretolima: mil seis millones 880 mil) y 3028 del 2014 (Consorcio Seguridad Vial: 220 millones 759 mil pesos), no existen los soportes necesarios para establecer las entradas y salidas de los materiales.

Más fallas en la contratación

La Contraloría determinó que los funcionarios no verifican el cumplimiento de las cláusulas contractuales, en lo que se refiere a las pólizas de garantías y la aprobación de las mismas. Tampoco, examinan los formatos Únicos de Hojas de Vida determinados por el Departamento Administración Pública (Dafp) relacionadas por los proponentes en sus propuestas. De igual manera, se incumple con el archivo de documentos, el acta de inicio e informe de ejecución, existe incumplimiento de algunos supervisores en alimentar las carpetas de los contratos y en hacer una correcta verificación del pago al Sistema General de Seguridad Social y Aportes Parafiscales.

Un ejemplo es el contrato suscrito con José Ignacio Suárez Rodríguez que fue celebrado por valor de 37 millones 640 mil pesos.

La propuesta evaluada por la asesora jurídica del municipio, determinó que la misma cumplía con los requisitos técnicos y legales, aprobándose por un valor de 24 millones de pesos.

Sin embargo, el contrato suscrito evidencia un mayor valor de 13 millones 626 mil pesos, “diferencia que representa una pérdida de recursos para la entidad que no tiene ninguna justificación técnica ni legal”, concluye el informe.

Hallazgo fiscal

La Contraloría incluyó como hallazgo administrativo con presunta incidencia fiscal la construcción del muro de contención en la Institución Educativa Amina Melendro de Pulecio, relacionado con el contrato 858 del 15 de diciembre de 2011.

Se estableció que el mismo no está cumpliendo con su objeto y fin para lo cual fue construido, al presentar falla de estabilidad por volcamiento, deslizamiento y disminución de los elementos estructurales que lo constituyen, causando un presunto detrimento de 546 millones 331 mil pesos, de acuerdo con lo establecido en el informe técnico presentado por personal idóneo de la Universidad de Ibagué.

El estudio determinó fallas en los diseños estructurales y criterios geotécnicos, que conllevó a la falla y determinó que el muro de contención no cumple con el objeto contractual.

La Administración central mediante respuesta el pasado 26 de mayo, informó que se solicitó a la Dirección de Contratación dar cumplimiento a las pólizas, y se está a la espera que la Aseguradora lleve a cabo la investigación.

La Contraloría señaló que lo anterior no es impedimento para que la Administración tome las medidas pertinentes con el fin de salvaguardar los recursos del erario público.

Pagos exhorbitantes por canon de arrendamiento

La Contraloría municipal estableció que la Alcaldía ha pagado por concepto de arrendamiento de bienes inmuebles para funcionamiento de sus dependencias, cuantías elevadas que superaron los mil 13 millones 475 mil 440 pesos, observando que el Municipio cuenta con terrenos y edificaciones los cuales puede evaluar la posibilidad de emplear para la construcción de instalaciones a fin de centralizar todas las secretarías.

El ente de control fiscal tomó como referencia el contrato 3006 de 2014 suscrito con el constructor Jaime Fernando Hernández Olaya, a quien el Municipio pagó la suma de 222 millones de pesos por el arrendamiento (anual) del lote ubicado en la carrera Primera número 11-89.

Se determinó que no contaba con una adecuada planeación desde el análisis del sector, además de no evidenciarse en la carpeta soportes como un estudio de costo beneficio, análisis comparativo de los bienes inmuebles que satisfagan las necesidades identificadas.

“De acuerdo con el certificado de pago de impuestos el avalúo del predio es de $312.300.000, en lo que se observa que el arrendador no paga al Municipio impuesto sobre un avalúo real, pero sí cobra arriendos exagerados, lo que indica que el Municipio no elabora estudios previos ajustados a una adecuada planeación, lo que puede hacer que esté cancelando elevadas sumas y recibiendo muy poco”.

La Contraloría efectuó una relación de cada dependencia por las cuales la Administración paga un costo elevado pudiendo invertir dichos recursos en una nueva sede. Entre los mencionados está el contrato 1048 para las operaciones de la Secretaría de Tránsito, predio por el cual el Municipio canceló 122 millones 575 mil pesos al señor César Adolfo Ramos.

De igual manera, el inmueble ubicado en la carrera Cuarta No. 9-67 para el funcionamiento del grupo de Rentas de la Secretaría de Hacienda y Educación Municipal. La Alcaldía pagó a favor del empresario Henry Escobar de Interamericana de Licores 306 millones de pesos que representa un pago mensual de 25 millones 500 mil pesos.

La Administración cancela más de mil millones de pesos anuales por arrendar siete inmuebles y garantizar la prestación del servicio en cada dependencia.

El secretario Administrativo, José Adrián Monroy a principio de este año anunció la destinación de $500 millones para la elaboración de los estudios de la nueva estructura que estaría ubicada en la calle 19 con carrera Segunda.

IBAGUÉ

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