“Se evidencia deficiencia en la fase de planeación y falta de correspondencia con el estudio de necesidades y estudios previos, teniendo en cuenta que no se evidencia listado o base de datos de los adultos mayores a quien se les suministraría los refrigerios y no se especifica el tiempo de suministro de las raciones”, señaló el organismo de control.

De acuerdo con la auditoría se determinó deficiencia en la fase de planeación y falta de correspondencia con el estudio de necesidades, ya que en los estudios previos registra prestar atención inicialmente a 134 adultos mayores que se encuentren en situación de abandono o marginación social y en la cláusula quinta del contrato, obligaciones del contratista este debería suministrar 120 mil refrigerios y posteriormente se hace referencia a 45 mil refrigerios.

“Es demostrable que no existe concordancia entre los documentos”, subraya la Contraloría.

Además cuestiona el hecho de que el contrato haya quedado legalizado con un plazo de un día, sin tener claro los abuelos a atender, “lo que resulta claro son las inconsistencias y el afán por dejar contratos legalizados el último día del año, y que como lo muestra el mismo día fue ampliado en tiempo, el cual tampoco guarda correlación porque los estudios hablan de 365 días y en la adición registran 120 días”.

De la misma forma, refiere de un incumplimiento a la ley 819 de 2003 y la circular externa 43 de 2008 expedida por el Ministerio de Hacienda, ya que al parecer no se tuvieron en cuenta los fundamentos jurídicos que soportan la modalidad de selección y lo que corresponde a vigencias futuras teniendo en cuenta el acuerdo 014 de 2014. Según la Contraloría requería de una autorización previa al comprometer recursos de vigencias futuras.