El alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo radicó esta semana, ante el Concejo, la pregunta para evitar el desarrollo de proyectos megamineros que afecten el recurso hídrico, la agricultura y la vocación turística de la ciudad, y defender la autonomía del territorio.

Pero algunos cabildantes como Linda Esperanza Perdomo y Humberto Quintero ya han argumentado vacíos en el trámite y se han mostrado peocupados por posibles acciones disciplinarias de la Procuraduría General, tal y como ocurriera con los concejales de Piedras, que votaron el proyecto de acuerdo 011 de agosto 28 de 2013, como petición del entonces alcalde, Arquímedes Ávila Rondón, para evitar que la multinacional sudafricana Anglogold Ashanti pudiera ejercer actividades mineras en su municipio.

Perdomo, quien coincidencialmente tiene el aval del Partido Verde (el mismo que que respaldó al alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo), fue la primera en advertir errores de procedimiento ya que en su criterio no precisa cuál es con exactitud la solicitud que se hizo al Concejo; si se trata de conceder facultades especiales al Alcalde para convocar la consulta popular minera, que no sería necesario o que la corporación emitiera un concepto que no es facultad del cabildo.

“Por hacer populismo, no podemos ir a cometer un error que más adelante nos signifique una sanción. A mí me ha costado mucho llegar hasta esa curul y voy a tratar de hacer lo mejor posible, pero tampoco voy a cometer errores que son crónica de una muerte anunciada. En otras partes lo hicieron y tienen dificultades, pues miremos nosotros cómo lo podemos hacer de manera legal”, sostuvo Perdomo en declaraciones a RCN La Radio.

Por el contrario, Jaramillo afirmó no temer a las posibles acciones de la Procuraduría en su contra por convocar a la ciudadanía para que acudan a las urnas y voten la consulta popular minera.

“Yo no vendo mi consciencia y sé que mañana voy a ser investigado, ese es el riesgo que se corre como gobernante, pero espero que entiendan el Gobierno nacional y el pueblo en general que seguiremos luchando, porque nosotros los ciudadanos podemos decidir sobre nuestro propio futuro”, sostuvo el Mandatario.

Y aunque esta discusión se da en el plano local, también a nivel nacional, pues el Consejo de Estado decidió suspender provisionalmente el polémico decreto 2961 del 23 de diciembre de 2014 o llamado el “decreto navideño” expedido casi que de manera soterrada por el Ministerio de Minas.

La decisión del Consejo se basó en que en relación con la sentencia de la Corte Constitucional que estableció que el Gobierno y la entidades territoriales deben, en común acuerdo, decidir sobre el desarrollo de proyectos de exploración y explotación minera; el decreto restringe al mínimo la autonomía territorial al centralizar las decisiones en el Ejecutivo.

Para el director del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia) César Rodríguez Garavito, la interpretación que ha dado el Gobierno nacional a la sentencia de la Corte Constitucional a través de decretos, para reglamentar la actividad minera, es totalmente sesgada y parcializada.

“Básicamente el decreto lo que hizo fue decir que el Gobierno decide todo y que los municipios que tienen alguna queja hagan y paguen sus estudios mostrando que pueden haber problemas y que el Gobierno verá si atiende esas solicitudes”, indicó Rodríguez Garavito.

Si bien para el abogado y experto en temas de consultas populares, la Constitución establece que los recursos del subsuelo, los mineros, que están debajo de la tierra son propiedad de la Nación y por tanto la regulación le compete al Gobierno nacional; los recursos y el uso del suelo, es decir, lo que está sobre la superficie, es de los municipios y es ahí donde debe producirse una conciliación entre el Gobierno nacional y los entes locales.

“La Procuraduría y el Gobierno han hecho una interpretación tendenciosa, y más que tendenciosa muy parcial de esas normas e insisten en que todo deber ser competencia del Gobierno, porque la minería es de competencia nacional y en esa parte tienen la razón, pero lo que no mencionan es que el suelo es de competencia del municipio y entonces tienen que ponerse de acuerdo”, afirma.

Sin embargo, para el Director de Dejusticia la posición y postura del Gobierno nacional y la Procuraduría General se ha recrudecido y a los gobernantes locales no les ha quedado otra forma que acudir a la consulta popular, mecanismo de participación ciudadana, también protegido por la Constitución y la Ley y, que en este caso se está ejerciendo para que los ciudadanos voten por un asunto que es competencia de los municipios: qué va a pasar con el agua y el uso del suelo.

Rodríguez Garavito sostiene que la consulta popular minera es hasta el momento el único medio que los municipios tienen para defender la autonomía territorial sobre proyectos mineros que puedan afectar las calidades del entorno en que se desarrolla una comunidad.

“Se habría podido hacer este procedimiento a lo largo del tiempo más conciliado, más conversado entre el Gobierno nacional y la Procuraduría, pero no se han prestado y, por el contrario, la Procuraduría se ha dedicado a perseguir y a intimidar a los alcaldes y los concejales que se atrevan a ejercer este derecho (...). En este momento no existe mecanismo de conciliación con el Gobierno nacional, que expidió un decreto tan flojo y tan sesgado que el Consejo de Estado lo suspendió”, argumenta.

¿Consulta popular pasa la prueba?

A criterio de Rodríguez Garavito, la consulta popular que promueve el alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo, no solo está amparada por la jurisprudencia de la Corte constitucional, sino que también es legal.

No obstante, resta un largo camino al proceso, ya que la pregunta debe ser aprobada por el Concejo y el Tribunal Administrativo de Tolima. Una vez se haya agotado el proceso, los ibaguereños deberán decidir si las multinacionales mineras, en este caso se relacionaría a Anglogold Ashanti y su posible explotación de oro de La Colosa, podrá ejercer o no actividades que, para Jaramillo, afectarían la cuenca del río Coello, la segunda más importante del municipio después de la del Combeima.

No obstante, Rodríguez Garavito afirmó que si bien tal y como está formulada la pregunta no se refiere a una empresa específica, pues habla de afectación del agua con motivo de actividades mineras, la misma “es correcta, legal y constitucional, y pasaría la prueba y los parámetros de ley y la jusrisprudencia”.

“¿Está usted de acuerdo, sí o no, con que en el municipio de Ibagué se ejecuten actividades que impliquen contaminación del suelo, pérdida o contaminación de las aguas, o afectación de la vocación agrícola y turística del municipio, con motivo de proyectos mineros?” es la pregunta que tiene preocupados a algunos concejales por represalias disciplinarias.

AGA afirma no tener interés en Ibagué

El gerente de Asuntos Corporativos de Anglogold Ashanti Colombia, Carlos Enciso, no quiso mediar ni pronunciarse frente al tema de la consulta minera a llevarse a cabo en Ibagué.

Sin embargo, afirmó que el área de influencia del proyecto por el que se prevé explotar 29 millones de onzas es en Cajamarca.

“Sobre ese tema la compañía no se va a referir, porque Ibagué no es del área de influencia del proyecto, entonces no me voy a referir al tema. La Colosa queda en Cajamarca, e Ibagué no está en el área de influencia del proyecto”, puntualizó.

Y reiteró que desde hace un año AGA renunció a los títulos mineros en el Cañón del Combeima y en Cocora. “Desde el año antepasado habíamos dicho que habíamos renunciado a los títulos mineros del Cañón del Combeima y Cocora. Y esa información la pueden solicitar a la Autoridad minera, ahí se van a dar cuenta de que la compañía ya presentó el desistimiento para tener esas concesiones”, concluyó.

La voz: concejal Humberto Quintero 

“Realmente lo que presentó el Alcalde es un escrito donde hace al Concejo una solicitud; no la veo viable, ya que él es autónomo de presentar la consulta popular sin necesidad de radicarla al Concejo. Lo veo más bien como una estrategia para evadir la responsabilidad de su propuesta, porque la puede hacer directamente sin acudir al concepto de cada uno de los concejales lo dice la Constitución y la ley 134.

“Además, pensé que iba presentar una exposiciíon de motivos, cuántos títulos mineros tiene Ibagué viabilizados, en qué zonas, si estos a su vez ya tienen un programa para una posible explotación y, con eso, iniciar nosotros un acto de consenso con el señor Alcalde y autorizar la consulta popular mediante un acto administrativo, pero no es un acto administrativo solamente es un escrtio que simplemente se queda para estudio, es un simple trámite”, concluye Quintero, integrante de Cambio Radical que está en disonancia con la explotación aurífera a cielo abierto.