Según la vocera de esta cartera, Tatiana Aguilar, con base en un concepto jurídico fue consultado al Ministerio de Educación sobre si se podía hacer inversión en predios que hayan tenido por varios años un uso institucional.

Por esta razón, serán intervenidas sedes en el sector urbano tales como El Arado, sede El Manantial, Charco Rico (parte baja) y Chembe, y otras como Laureles (Tapias).

Por su parte, el concejal Humberto Quintero sostiene que no es legal este tipo de proceder, puesto que así haya funcionado por más de 20 años la institución en el predio, continúa siendo ajena la propiedad al ente territorial.

“No veo conveniente que si no se tiene definida la escritura de cada predio, se pueda invertir recursos públicos. Primero, hay que legalizar las escrituras, para que posteriormente, se puedan dar las inversiones que se requieran”, dijo.

Según el cabildante, en la administración de Jesús María Botero se adelantó el estudio para determinar el número de instituciones en el sector rural cuya titularidad no pertenecía al Municipio. En total, 35 no hacen parte del inventario de la entidad y reposa a manos de terceros.

De acuerdo con el servidor público, no se ha dado continuidad al proceso y se debe cuestionar si esta Administración ya solicitó a la Secretaría de Planeación municipal el certificado de uso del suelo y de riesgo que establezcan si están o no ubicadas en la zona de protección ambiental.

“No podemos, sin ningún principio de planeación, ir a invertir una cantidad de recursos, simplemente porque hay bajas ejecuciones en ese eje”, concluyó el Concejal.