Tras las irregularidades denunciadas por la comunidad y corroboradas por la Personería, se tomó la decisión de cancelar el acuerdo entre la Secretaría de Educación y la Asociación de Bachilleres de San Nicolás de Tolentino, de igual forma, la Administración solicitó una indemnización cercana a los 750 millones de pesos por daños y perjuicios, que provocó la mala prestación del servicio en la alimentación escolar en el municipio.

“Efectuamos con Correagro la evaluación de los alimentos y vimos que la Asociación de Bachilleres de San Nicolás de Tolentino incumplió con lo estipulado, por ello en agosto decidimos liquidar el proceso contractual. La Administración, en defensa de los intereses de nuestros niños, decide en un comité arbitral requerir una indemnización de 750 millones de pesos por el incumplimiento, a lo que el operador, de forma descarada, ofrece solo 100 mil pesos por daños y perjuicios. Es por eso que estamos en todo el trámite para hacer efectivas las pólizas por la mala prestación del servicio e incumplimiento de lo contratado”, afirmó Tatiana Aguilar, secretaria de Educación municipal.

Convenio 2016

Dentro del informe, la Contraloría advierte de unas presuntas irregularidades en los convenios con Comfatolima y Comfenalco, en los que al parecer no se ejecutó lo presupuestado y no se ha ejecutado la liquidación de los convenios.

“En relación con alimentación escolar 2016 con Comfenalco no se ejecutaron 480 millones de pesos aproximadamente, estos recursos son equivalentes a días en los que no se prestó el servicio de alimentación escolar.

La liquidación del convenio no se había podido efectuar porque la caja de compensación no había proporcionado la facturación respectiva y la Secretaría no había podido evaluar en qué momento se prestó o no el servicio; es por eso, que no se había podido hacer el pago e iniciar con la liquidación del convenio.

Hasta hace 15 días pudimos tener las facturas con Comfenalco, los dineros no soportados tendrán que volver a la Secretaría de Educación y podrán utilizarse para la ampliación de cobertura en 2018”, aseguró la funcionaria de la cartera local.

Igualmente, Aguilar explicó que en el convenio con Comfatolima, del cual no se ejecutaron $1.712 millones, sucedió por la misma situación antes mencionada, y hasta hace solo 15 días la caja de compensación presentó la facturación para proceder a la liquidación del convenio y, así, recuperar los recursos para el Municipio.

Transporte escolar

En el documento, el organismo de control resaltó la queja de los padres de familia con respecto a la entrega de los subsidios de transporte, lo que limita en algunas ocasiones el aprendizaje de los pequeños.

Sobre el tema, Aguilar sostuvo: “En efecto, nos dejaron un hallazgo en el sentido de que muchos padres de familia se estaban quejando por la demora en la entrega del subsidio de transporte escolar. Esta situación se presentó porque como requisito hay que bancarizar a todos los beneficiarios; por ello, la Secretaría realizó varias jornadas de bancarización, en el proceso nos demoraron un poco, pero hoy en día, está todo totalmente subsanado”.

Informe sobre Contrato con Emtel

De otra parte, la Contraloría General solicitó a la Secretaría de Educación de Ibagué presentar un informe detallado del contrato firmado con Emtel, puesto que evidenció algunas anomalías en cuanto a la prestación del servicio en 64 instituciones educativas.

“La Contraloría General detectó un posible hallazgo administrativo por presuntos pagos frente a unas sedes administrativas que ellos manifiestan no tenían el sistema de conectividad. Tenemos 20 días para presentar los soportes que desvirtúen este hallazgo, sin embargo la situación con Emtel es que precisamente en algunas sedes educativas en que se dilató la instalación de la conectividad, logramos ponernos de acuerdo para que la prestación del servicio no terminara en los cinco meses estipulados y se pudiera postergar, teniendo en cuenta que había unos días que no se había prestado el servicio”, replicó Aguilar.