La acción fue radicada ante el cabildo, el pasado 27 de noviembre, justo cuando la plenaria debía proceder a posesionar a Efraín Hincapié en este cargo.

Los autores de esta iniciativa fueron Brayan Prieto Sánchez, Diego Fernando León y Jairo Alberto Durán Ortiz, quienes argumentaron un supuesto de conflicto de intereses por los 17 cabildantes.

Además, resaltaron el hecho de estar incursos en una investigación por la Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal por haber avalado la fallida elección de Julián Prada Betancourth.

Los concejales Jorge Bolívar, Carlos Andrés Portela, Carlos Andrés Castro, Víctor Hugo Gracia, Harol Lopera, Hasbledy Morales, Humberto Quintero, Luis Alberto Lozano y Pedro Mora rechazaron la causal de impedimento invocada.

No obstante, los concejales Camilo Delgado, Marco Tulio Quiroga, Ernesto Ortiz, Oswaldo Rubio, William Rosas, Linda Perdomo, Víctor Ariza y William Santiago sí aceptaron la recusación argumentando la duda jurídica ante la supuesta inhabilidad de Hincapié, al haberse inscrito al concurso de méritos antes de vencer el año de plazo para ejercer cargo público al haber fungido como contralor del Tolima 2012 - 2015.

Más argumentos

El Procurador Regional dejó claro que el proceso que adelanta la Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal contra los concejales fue abierto el 1 de noviembre y está en etapa de investigación.

“Por ende, no se han formulado cargos ni proferido una decisión disciplinaria ejecutoriada, a través de la cual se separe provisional, temporal o definitivamente a los servidores investigados del ejercicio de las funciones públicas que les corresponde como concejales”, señala el fallo.

También, consideró que los argumentos expuestos por la bancada liberal y coalición gobiernista, “sobre la sensación de duda, incertidumbre jurídica, ni el temor frente a eventuales futuros efectos jurídicos sobre las decisiones que deben tomar en su investidura como concejales, o el temor frente a potenciales presiones mediáticas o desprestigio político, constituyen causales de impedimento o recusación, ya que no están contempladas en la ley”.

Y, por último, frente al conflicto de intereses, precisó que si bien confluyen algunos elementos constitutivos de esta figura como lo son la calidad de servidor público y la facultad de intervención en una decisión de interés público, no puede evidenciarse, ni verificarse el beneficio particular que hayan podido o puedan derivar los concejales con la escogencia y el nombramiento del Personero.

Por esta razón, expuso que las afirmaciones de los recusantes carecen de todo soporte fáctico y jurídico, ya que argumentan un supuesto conflicto de intereses sin aportar pruebas.

Lo curioso es que, a pesar de esta decisión, la posesión de Hincapié quedó pospuesta para marzo.