Mediante la resolución 0530 del 25 de octubre, la Secretaría de Infraestructura de la Gobernación del Tolima declaró la liquidación unilateral del convenio 680 del 4 de agosto de 2014, cuyo propósito era asignar 300 subsidios de vivienda para el proyecto Portal de San Gabriel.

En esta, se ordena a la Gestora Urbana efectuar el reembolso de los mil 830 millones de pesos entregados por el Departamento, adicional a los rendimientos financieros obtenidos durante la vigencia del mismo y los cuales serán determinados por la Superintendencia Financiera.

Según el documento, el 22 de mayo la Gestora Urbana presentó a la Gobernación el balance financiero del proyecto, indicando que se adjudicaron 159 subsidios por valor de $969 millones 900 mil y quedando un saldo del mismo de $860 millones 100 mil pesos. Lo anterior a través de resolución.

También, que a través del contrato asociativo 018 del 31 de marzo de 2014 le fue desembolsado a la Constructora Ávila, mil 152 millones 675 mil pesos, quedando en la fiducia un saldo de mil 159 millones 689 mil pesos.

De igual manera, que se ejecutaron obras de urbanismo por valor de mil 779 millones 465 mil pesos, equivalentes al 76.95%, y del cual fueron amortizados $889 millones 732 mil pesos.

Sin embargo, se resalta por parte del Departamento que, con base en lo dispuesto en el convenio y el concepto dado por la supervisión del mismo, los recursos relacionados con los subsidios solo podían hacerse efectivos una vez la Gestora Urbana hubiese entregado al Departamento copia de cada una de las escrituras públicas y certificados de tradición, significando con ello que cualquier disposición de éstos recursos diferente al objeto del convenio constituye una desviación de recursos para fines contrarios, incurriendo presuntamente en transgresión a disposiciones de orden penal.

Así mismo, que con base en el informe entregado por la Supervisión del Convenio se hizo uso de manera ilegal de estos recursos, ya que las obras de urbanismo que argumenta la Gestora Urbana, como elemento para haber efectuado el desembolso de los dineros a la Constructora Ávila, a través de Alianza Fiduciaria, no tienen respaldo legal.

Lo anterior, debido a que el convenio interadministrativo 999 del 7 de noviembre de 2013, suscrito entre el Municipio y la Gobernación del Tolima y en el que se presupuestó las obras de urbanismo se terminó de manera anticipada el 17 de junio de 2014.

Además, que el valor del mismo, que ascendía a dos mil 305 millones 351 mil pesos, contó solo con disponibilidad presupuestal por parte del Municipio de $480 millones 879 mil y no para completar el valor total del proyecto, desaprobándose este mismo ante el Sistema General de Regalías (Ocad).

Los tropiezos

De acuerdo con la resolución, el Departamento solicitó a la Gestora Urbana hacer entrega para finales de octubre de 2014 del primer informe de ejecución y avance de obra.

Sin embargo, al no ser allegado, en diciembre de 2014, la Secretaría de Infraestructura, a través de una misiva, expresó la extrañeza de que a esa fecha no hubieran dado inicio a las obras de construcción del proyecto, toda vez que sería la Villa Deportiva para los XX Juegos Nacionales.

El 15 de junio de 2015 nuevamente se expuso a la Gestora Urbana, la preocupación de informar mensualmente el avance de las obras, desconociéndose a la fecha la evidencia de ejecución y requiriéndola para que entregara el listado de los beneficiarios aptos de la Gobernación del Tolima para recibir el subsidio.

Un mes después, se insiste al banco mobiliario para que en un término de cinco días hábiles, se allegaran informes mensuales de ejecución de obra y el listado definitivo de los beneficiarios del subsidio, ya que el convenio vencía el 22 de agosto de 2015.

La Gestora Urbana allega la información y los argumentos de la constructora para el retraso de los trabajos. Lo anterior, con base en la solicitud de la licencia y documentos que no fueron entregados por parte de Planeación municipal.

El 20 de agosto de 2015, la gerente de la Gestora, Piedad Lorena Velázquez, solicitó la prórroga del convenio hasta el 31 de diciembre de 2015, al argumentar que el objetivo era el de completar los cupos de los subsidios que se encontraban asignados a los funcionarios de la Gobernación y entidades descentralizadas.

En octubre, la entidad municipal informa que la obra se encontraba suspendida desde el 13 de julio de 2015 y allega el listado final de los beneficiarios.

En diciembre de ese mismo año, la Supervisión del convenio solicita a la entidad copias de las escrituras y certificado de tradición de cada inmueble de los beneficiarios para proceder a la liquidación del convenio.

Sin embargo, el proceso se dilató y el 19 de noviembre de 2016, se toma la decisión de iniciar la liquidación del convenio.