Concejo dio el primer aval al proyecto que alivia el incremento del predial

SUMINISTRADA - EL NUEVO DÍA
Un elemento que debe ser objeto de indagación por parte de los entes de control, es que solo hasta el 5 de enero el Igac hizo entrega de los resultados, pese a que con ello se definía la base gravable aplicable a esta vigencia. Cerca de mil 400 resoluciones fueron reportadas por el Instituto.

La Comisión de Presupuesto del Concejo resolvió aprobar, en primer debate, el proyecto 09 que reajusta el pago del predial para esta vigencia. Lo anterior, permitirá a los propietarios de inmuebles, objeto de la actualización catastral por parte del Igac, cancelar la factura con la base gravable de 2017 más el incremento del tres por ciento, establecido por el Gobierno Nacional.

Así mismo, para quienes se hayan puesto al día con la factura, podrán solicitar a la Dirección de Rentas del Municipio, el reintegro del excedente, o, en su defecto, que sea aplicado con cargo a la factura de 2019.

La plenaria deberá votar en segundo debate el proyecto, para que posteriormente pase a sanción del alcalde, Guillermo Alfonso Jaramillo.

Para el concejal, Jorge Bolívar, la medida es solo transitoria, pues no se han suspendido los efectos jurídicos del convenio, suscrito entre el Municipio y el Igac.

“Lo que ha pasado hoy (ayer) es solo para calmar los ánimos de la gente, el Concejo ha hecho el esfuerzo para no cobrarles el valor del predial, adicionado a la actualización del Igac con el tema del avalúo catastral, pero aún no hay una solución de fondo y el Alcalde no ha hecho caso de suspender los efectos jurídicos de ese convenio, y eso quiere decir, que estamos en aprietos porque en 2019 nos pueden estar montando esas mismas tarifas y esos avalúos”, indicó Bolívar.

Edilberto Garzón, secretario Jurídico de la Cámara de Comercio, expuso que para 2019 la duda estará en quien revisará los avalúos y que lo que se pague si corresponda, pues el convenio vence en junio.

 

La confesión de Hacienda

Por otra parte, el secretario de Hacienda, Juan Espinosa, reconoció que los resultados de la actualización que debían ser entregados a más tardar el 15 diciembre de 2017, fueron allegados el 5 de enero de este año.

Según el funcionario, el objetivo era que entre el 15 y el 30 de diciembre, la Administración citara a extras al Concejo para revisar el estatuto fiscal, contenido en la cláusula cuarta del convenio (obligaciones del Municipio), y evitar el cobro desmesurado del tributo.

“Esa actualización solo nos fue entregada hasta el 5 de enero, a pesar de que la resolución fue publicada en el diario oficial entre el 21 y 22 de diciembre. Y cuando nos entregaron la información el cinco de enero, ya no podíamos llamar a unas sesiones extraordinarias que tuvieran vigencia prospectiva en 2018 porque si queríamos modificar las tarifas, tenía que ser en el 2017”, dijo Espinosa.

Para el secretario Jurídico de la CCI, Edilberto Garzón, esta situación denota que no había una base gravable aplicable al impuesto y menos una tarifa.

Bolívar, señaló que la respuesta lo que revela es un vicio de ilegalidad en la aplicación de la actualización.

“Es muy grave lo que dijo el Secretario de Hacienda en el recinto del Concejo, al decir que hasta el 5 de enero de 2018, habían empezado a recibir los resultados del avalúo catastral y de la actualización por parte del Igac.

Y continuó: “eso significa que era otro vicio de ilegalidad el haber utilizado ese avalúo, porque las normas que tienen que ver con impuestos y materia tributaria, tienen que ser aprobadas en la vigencia anterior, me explico, si modifico una vigencia, si hago una actualización, tiene que ser en el 2017 para utilizarse en 2018, por eso considero que era ilegal el tema”, puntualizó.

Lo anterior, también tiene relación con el personal contratado para el reconocimiento predio a predio.

De acuerdo con Hacienda, de los 180 reconocedores que eran necesarios, el Igac solo contrató 62; y ya en octubre se anunció por parte del Instituto que no se terminaría la actualización catastral en diciembre de 2017.

Sin embargo, el 20 de diciembre la Administración accedió a suscribir un otrosí, prorrogando el plazo del convenio a seis meses más.

Espinosa reconoció que la resolución expedida por el Igac, para adoptar la actualización, sí genera “iniquidad”.

 

“Queremos proteger a la comunidad”

La jefe Jurídica, Gloria Millán, intentó defender la actuación de la Administración. Según la funcionaria, con el proyecto “queremos proteger a la comunidad”.

“La idea es que este año nosotros podamos auscultar el estudio que hizo el Igac, en atención a que salió con un resultado que no se esperaba, y que realmente nosotros podemos hacer una selectividad de lo que ellos hicieron para poder determinar en el 2018 el cobro que realmente se debe hacer, que debe ser gradual y proporcionado al cobro del avalúo catastral”, concluyó.

 

Opine

Jorge Bolívar

Triunfó lo que tiene que ver con el pronunciamiento del pueblo, que hubo una manifestación masiva y que sirvió la agrupación de varios periodistas. Quedó demostrado que el Alcalde no es el gamonal ni el que viene con el rejo a tratar de imponer sus órdenes, sino que es el pueblo el que se hace sentir.

Wilson Leal

Más de la mitad de la ciudad no ha sido actualizado y hay que mantenemos vigilantes en la terminación de ese proceso para ver de qué manera concluye la supervisión del trabajo del Igac, tiene que ser un compromiso enfático de la Administración municipal de la forma en que se ejecuta el contrato.

Hernando Álvarez Urueña

Yo me pregunto a qué horas los interventores de Hacienda y Planeación revisaban lo que entregaba el Agustín Codazzi. El afán desmesurado de empezar a recibir dineros y recaudos por parte del Municipio, los hizo incurrir en un error.

Credito
EL NUEVO DÍA

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