De acuerdo con el secretario de Desarrollo Rural, César Picón, las expectativas económicas de los propietarios están sobre los 10 millones de pesos por hectárea y que sobre pasa el valor establecido por el Igac.

“Los avalúos del Igac tienen un intervalo entre 2.2 millones y hasta 5.9 millones la hectárea, dependiendo la calidad del suelo, la cantidad de árboles y el tipo de predio que estamos hablando. Pero las aspiraciones de los propietarios llegan hasta los 10 millones la hectárea, y es bien sabido que ninguna entidad pública puede negociar un predio por encima del avalúo comercial que realice la máxima autoridad que es el Igac”, informó.

Esta especulación sobre el valor del terreno, según Picón, posiblemente se debe a las ofertas que han realizado multinacionales como Angolgold Ashanti, para la compra de predios en razón de la minería.

“La especulación es posible que se deba a las ofertas que tienen por parte de multinacionales, sabemos que AngloGold ha comprado predios, ha hecho ofertas a los propietarios de estos predios, porque recordemos hay cerca de 40 mil hectáreas tituladas para la minería. Creemos que una de las posibilidades de que se hayan incrementado las aspiraciones económicas, es que hay multinacionales que les pueden ofrecer mucho más de lo que les puede ofrecer la Administración conforme a unos avalúos realizados técnicamente por parte del Igac”, dijo.

La solución

Picón afirmó que el Municipio en convenio con el Ibal y Asocombeima, cuentan con cuatro mil 320 millones de pesos para la compra de terrenos en la parte alta del Cañón del Combeima. El ideal, es poder tener 20 mil hectáreas de área protegida para la conservación de la cuenca del río Combeima.

“De nada nos sirve mejorar la infraestructura del acueducto, hacer todas las inversiones que se están realizando, si la fábrica de agua no es saludable y no cuenta con las garantías necesarias para poder producir el líquido vital”, mencionó Picón.

Ante la dificultad de poder negociar la adquisición de los predios, el Municipio a través de la Oficina Jurídica evalúa una salida legal que permita frenar la especulación y negociar en el marco de la ley.

“Estamos estudiando a través de la Secretaría Jurídica la posibilidad de la declaratoria de interés público de esos predios, para poder entrar en una forma distinta de negociación”, concluyó el funcionario.