EL NUEVO DÍA: Había un compromiso del Gobierno nacional de apalancar este proyecto con 50 mil millones de pesos. Y, recientemente usted hizo un anuncio...

JORGE ANDRÉS CARRILLO: El compromiso que hizo el gobierno Santos, en su primer periodo, era el de financiar el acueducto complementario en Ibagué. En ese momento se creyó que ese proyecto podría estar entre 50 mil y 70 mil millones porque no habían diseños. Esos recursos se guardaron por dos años a la espera que se presentara un proyecto que pudiera ser viabilizado y eso no ocurrió, entonces esos dineros tuvieron que ser movilizados hacia otras necesidades que tenía el país.

Pero el municipio de Ibagué sí avanzó en la formulación de los proyectos, en conseguir los permisos y, hoy en día sí hay proyectos. Sin embargo, en este momento la disponibilidad de recursos de la Nación no son de esa cuantía. Por eso lo que decidió el Municipio fue optar por una línea de crédito de tasa compensada, que esa financiación de la tasa la da la Nación, y por lo tanto son unas condiciones muy favorables tanto en interés como en plazo, pero en últimas quien va a pagar el crédito y la inversión en su gran proporción es la empresa Ibal.

E.N.D.: En términos de ahorro, ¿cuánto representa esa tasa compensada?

J.A.C.: Como es un crédito, eso depende cómo el solicitante lo pida en términos de plazo y las garantías que haya dado, pero podemos hablar de cuatro puntos porcentuales por debajo de la tasa de interés, entonces si es un proyecto de $30 mil millones podemos estar hablando de ahorros entre los tres mil y cuatro mil millones de pesos.

E.N.D.: ¿Qué significa la entrega del aval técnico?

J.A.C.: Eso quiere decir que el proyecto cumple con el reglamento técnico del sector y que por lo tanto cuando el Gobierno nacional invierte en recursos de tasa compensada, está haciendo una inversión que va a tener un beneficio a una comunidad. Nosotros no estamos en plan de banco ni Findeter tiene la necesidad de prestar plata porque sí, eso es un incentivo de que haya inversión en el sector para el beneficio de los usuarios.

E.N.D.: El Alcalde dijo el año pasado que había demoras por parte del Minvivienda en aprobar el plan maestro de acueducto, ¿por qué se dio esta situación?

J.A.C.: El plan maestro no lo conozco, sé que hay varios proyectos de acueducto en Ibagué. Nosotros con el Ministro llegamos en noviembre y él ha solicitado que se prioricen la verificación, evaluación y viabilización en la ciudad, siempre y cuando los proyectos estén bien. A veces pasa que se dice que el Ministerio se demora mucho, pero el Ministerio no viabiliza proyectos que tengan faltantes: pueden ser predios, problemas en los diseños; así haya una necesidad muy grande no podemos dar ese aval técnico. Desde abril hasta hoy, se han dado unas mesas de trabajo que han enriquecido los proyectos, y producto de esas mesas es que ya tenemos un proyecto viabilizado y que seguramente hubiera durado seis meses más si seguimos en la dinámica en que se venía de antes.

E.N.D.: Para la etapa II de la fase II, habrá tasa compensada?

J.A.C.: Esa es una alternativa que tiene que definir el Municipio o la empresa, porque en todo crédito se revisa las condiciones financieras de la municipalidad. Sin embargo, para ese proyecto es que está la oferta del señor Ministro de cofinanciar el proyecto en la medida en que los estudios estén bien, que es parte de lo que estamos evaluando hoy en día.

E.N.D.: Al acceder a la tasa compensada, el Minvivienda entra a hacer supervisión a la fase II del complementario...

J.A.C.: Nosotros hacemos un seguimiento y dentro de este lo que hacemos es ver que el proyecto cuando se culmine, cumpla con los objetivos que tenía. Nosotros no hacemos el papel de Contraloría sino unos informes técnicos de si cumplió o no cumplió. Nosotros solamente somos un componente técnico, si las inversiones están o encontramos de que no es así, damos traslado a los órganos de control.

E.N.D.: En el peor de los casos que las obras no se culminen como ocurrió con la fase I, ¿la empresa debe reintegrar los dineros de la tasa compensada?

J.A.C.: Lo que se haría es un juicio de responsabilidad fiscal y la Contraloría determinaría quién es el responsable, pero no hay lugar a devolución porque no hay convenio específico. ¿Qué es lo que hizo el Gobierno nacional?, invirtió una gran cantidad de recursos para dejarlos disponibles para que las empresas de servicios y municipios accedan a una menor tasa de financiación y hacer inversión en agua potable y saneamiento; pero para que eso pase yo no requiero de un convenio de apoyo financiero entre la Nación y el Municipio a diferencia de la primera fase, que había un convenio, y ahí sí se pudo decretar el incumplimiento del mismo. Lo máximo que se haría es dar traslado a los órganos de control.

E.N.D.: Frente a la primera fase , ¿en qué va lo del incumplimiento?

J.A.C.: Lo que hizo el Viceministerio fue decretar el incumplimiento del convenio, pero hay un tema que sale al tema jurídico, al juez del contrato, es decir, al Contencioso Administrativo. Ahí deben asignarse unas responsabilidades, las pólizas se deben hacer efectivas pero alguien debe responder con los recursos hacia la Nación porque no se cumplió el objeto. Si la aseguradora entra y repara esos temas el convenio se cumple, pero eso está en definición.

E.N.D.: ¿Debe haber un responsable, aún si el Ibal culmina la obra?

J.A.C.: Ya la situación de incumplimiento está andando, una cosa es cómo se le cumple a la comunidad que es la prioridad. A nivel de Municipio uno puede ver cómo se ve compensado el objeto del convenio, pero ya estamos en una instancia donde deben haber órganos de control metidos y una responsabilidad individual.

E.N.D.: En Ibagué hubo un revuelo por el aumento de la tarifa y la disminución del consumo básico...

J.A.C.: Sobre eso hay que explicar que pasaron dos cosas: la metodología tarifaria fue modificada en 2014 y aplica a todas las empresas del país con más de cinco mil suscriptores. Esta decía que los sistemas deben llegar a unos estándares de servicio y que todas las inversiones para llegar allá debían ir con cargo a la tarifa, eso ocasionó que por el solo hecho de la metodología, hubiera un incremento.

Antes las empresas podían decidir cuánto llevaban de inversión a la tarifa. Por ejemplo, que yo no quiero que se suba la tarifa porque genero un problema político, listo, meta 20 mil millones de pesos. El nuevo marco lo que le dice es cuánta plata requiere usted para llegar a este nivel técnico y operativo y eso le da un valor. Así mismo, le dice cuánto dinero tiene de otras fuentes: Nación, Departamento, Municipio. Que la empresa diga ‘tengo la mitad’, lo otro debe llevarlo a la tarifa y eso ocasionó un incremento fuerte en el componente de inversiones.

Por otro lado, los consumos básicos se fueron disminuyendo porque se hicieron evaluaciones del consumo promedio de los usuarios y nos dimos cuenta que antes era de 20 M3 y hoy de 14 M3. Entonces se dieron señales para ajustar esos consumos que son hasta donde se puede subsidiar. ¿Cuál es el espíritu que hay detrás de la norma?: que el Estado o el Fondo de Solidaridad deben subsidiar consumos eficientes, yo no tengo porqué subsidiar el derroche.

E.N.D.: Con la alarma de que se va a acabar el agua en Ciudad del cabo, ¿cómo está el país y qué medidas se van a tomar?

J.A.C.: Aquí en Colombia de verdad a todo le ponemos el título de sostenibilidad pero tenemos muy poca conciencia en cómo se ve eso en el día a día. Aquí nos hemos preocupado porque los sistemas tengan capacidad, pero nadie ha asumido la discusión por responsabilidad de si el agua sí va a alcanzar para toda esa infraestructura que hay. Aquí en Colombia el mecanismo es muy limitado en cómo se intervienen las cuencas porque la única contribución que hace el usuario es por tasa de uso y eso está alrededor de un peso por metro cúbico. Eso quiere decir que un usuario como ustedes no contribuye con más de $100 mensuales por metro cúbico, obviamente con eso no se puede hacer nada.

E.N.D.: ¿La responsabilidad es de las CAR?

J.A.C.: #No es culpa de ellas, es que no tienen los recursos para poder hacer esa conservación de cuencas para evitar lo que está pasando en Ciudad del Cabo. ¿Qué estamos haciendo desde el Minvivienda? Vamos a abrir la posibilidad de que las empresas puedan invertir en la conservación de caudales, protección de cuencas y áreas de producción. ¿Cuál va a ser el efecto de esas inversiones? Que serán vigiladas por la Superservicios y trasladadas al usuario. No es que vayamos a duplicar la tarifa o subirla en grandes cantidades, pero que sí que se contribuya.

E.N.D.: ¿Cuándo se daría aplicación a la estrategia?

J.A.C.: Entre agosto y septiembre, pero la norma queda en este gobierno, sin eso no nos vamos.

E.N.D.: ¿Las empresas determinarían el porcentaje a pagar?

J.A.C.: Establecerían cuáles son esas inversiones y lo que hace esa metodología es reconocerlas. Nosotros no le damos para ‘mire haber cómo lo gasta’, sino al contrario, ‘dígame usted qué va a hacer, cuánto vale y ahí sí se la dejo cobrar al usuario’, porque yo debo verificar que la haya hecho, si no la hizo, se la puedo hacer devolver.

E.N.D.: Por último, el Alcalde firmó un decreto que restringía la expedición de licencia de urbanismo en lugares donde la disponibilidad de servicios fuera otorgada por acueductos comunitarios, ¿era legal?

J.A.C.: El concepto central aquí es cómo se define el perímetro urbano a nivel de ordenamiento territorial. El perímetro urbano es donde quiero que haya un desarrollo urbano pero que dignamente cuente con disponibilidad de servicios. Cuando el Municipio y el Concejo definen el perímetro urbano se supone que ahí hay disponibilidad de servicios.

El Ministerio en el 2013 sacó el Decreto 3050 que decía que si usted está dentro del perímetro urbano como prestador, está obligado a dar disponibilidad del servicio porque o si no, no debería estar dentro del perímetro urbano. Dicho esto si usted dijo que era perímetro urbano, le toca dar el servicio. Pero también, se establecieron tres excepciones: cuando exista imposibilidad técnica, jurídica y económica. Cuando un prestador se niegue a dar esa disponibilidad de servicio, deberá informar a la Superintendencia en cada caso y esta deberá fallar quién tiene la razón, quién solicitó la disponibilidad o quién la negó. En mi concepto existe una regla bastante clara, que es suficiente.

Inversión en el Tolima

 E.N.D.: Se aprobó una gran inversión en el Tolima...

J.A.C.: El plan departamental es el mecanismo que definió la política del Gobierno nacional para articular actores y planificar inversiones con sostenibilidad. En ese mecanismo están vinculados los municipios, el Departamento y funciona a través de la Edat y la Corporación Autónoma.

Lo que hicimos fue verificar cuál era el ejercicio de planeación que se había hecho para el 2018. Con esa planificación se tiene que se van a invertir 104 mil millones de pesos donde se encuentran componentes de preinversión, que son unos estudios que se requieren, donde tal vez el más relevante es el de Ibagué con el plan maestro de alcantarillado.

También, están otros estudios que permiten hacer proyectos que se ejecutarán en el corto plazo, y hay un componente de aseguramiento de la prestación del servicio. Por otro lado, hay un componente ambiental por valor de nueve mil millones de pesos y se tiene un componente de gestión del riesgo por un valor de tres mil millones. El resto son inversiones que están alrededor de los 30 mil millones para el sector urbano y 40 mil millones para lo rural. Todo eso suma 104 mil millones de pesos.

E.N.D.: Al inicio de año, la anterior y esta administración se tiraban la pelota con el tema de unos estudios, ¿eso ya fue superado?

J.A.C.: No conozco ese detalle, sé que eran de acueducto, no de alcantarillado, pero este plan para el 2018 parte del supuesto que los proyectos están muy cerca de estar listos o ya en etapa de viabilización. En este momento, así aparecieran 20 proyectos más, no podríamos ejecutar sino los $104 mil millones.

E.N.D.: ¿Cuántos son los municipios beneficiados?

J.A.C.: Están Armero, Alpujarra, Murillo, San Antonio, Valle de San Juan, Cajamarca, Ataco, Palocabildo, Planadas, Ríoblanco, Líbano y logramos meter también a Coyaima. Estos son los municipios donde los proyectos ya están listos y se dejaron algunos pendientes hasta tener el valor definitivo y la viabilización. Digamos que aquí estaríamos consumiendo el 80% de los recursos del PDA, se dejan algunos pendientes y es prudente hacerlo porque estos proyectos pueden requerir ajustes.

E.N.D.: Pero hay dos proyectos que solo tendrán recursos del Gobierno nacional...

J.A.C.: Se priorizó una inversión para el municipio de Alpujarra donde se va a financiar por parte del Gobierno nacional a través del programa acueductos rurales un proyecto de cinco mil 800 millones de pesos. Vamos a iniciar la contratación y que este año inicien las obras, las cuales tendrán un plazo de ejecución de 12 meses.

La otra noticia, es un compromiso adquirido por el Presidente y el Ministro en una visita a Valle de San Juan, en donde se les solicitó dar solución al problema de acueducto. Se hizo un acuerdo entre el Departamento y la Nación para cofinanciar. Informamos que con base en los ajustes de planificación que tiene el PDA, el Ministerio va a cumplir con un aporte de tres mil 700 millones para la ejecución de ese proyecto. Esos recursos no estaban aquí disponibles. Y por último, se va a hacer un proyecto para baterías sanitarias rurales en Espinal.

Frase

"El ministro Camilo Sánchez, ha ofrecido que una vez finalice la Ley de Garantías va a mirar cuáles son los requerimientos en temas presupuestales para poder culminar el acueducto complementario. No vamos a a financiar completamente el proyecto, pero en la medida de que se nos presente el proyecto, vamos a hacer algunos aportes", Jorge Andrés Carrillo.