En el marco de una auditoría especial para verificar la vinculación del personal de planta y por contrato durante el 2017, 2018 y 2019 en el Ibal, la Contraloría de Ibagué evidenció irregularidades en los procesos contractuales que aseguró afectan las finanzas de la empresa y por el que estableció 10 hallazgos de diferente índole.

Según el ente de control solo para el 2019, último año de gobierno de la Administración de Guillermo Alfonso Jaramillo, en el Ibal se suscribieron 145 contratos laborales a término fijo sin que se estableciera una necesidad real del servicio y sin racionalizar el gasto, pues no se habría consultado la “riesgosa y deficitaria situación presupuestal existente”.

La Contraloría indicó que pudo existir una falta de cuidado de las directivas en el 2019, toda vez que con la suscripción de los contratos, todos con una duración de 24 meses, se comprometieron las vigencias futuras de la empresa de los años 2021 y 2022.

“Con la celebración de dichos contratos en el mes de diciembre de 2019 y con vigencias de 24 meses, es claro que en 2019 se asumieron gastos y se pactó la ejecución de servicios comprometiendo recursos de las vigencias futuras de 2021 y 2022, sin contar con la respectiva autorización de la Junta Directiva de la empresa Ibal y del Confis municipal”, advierte la Contraloría.

Por estos hechos, la entidad evidenció hallazgos disciplinarios, administrativos e incluso penales por la presunta suscripción de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales.

En la auditoría, la entidad además indica que la oficina de control interno del Ibal no hizo el respectivo seguimiento en algunos procesos de la entidad relacionados con ingreso y selección de personal situación que habría sido recurrente entre el 2017 a 2019.

No era necesaria la vinculación

La entidad acotó que de los 145 contratos suscritos se pudo comprobar que en cuatro de ellos los mismos directores de área manifestaron que no era necesaria tal vinculación. Tres de ellos se vincularon a la empresa el 23 de diciembre del 2019 por un periodo de 24 meses y con un salario mensual de $1.884.933 y uno más se vinculó el 9 de diciembre del año anterior por el mismo tiempo con un pago mensual de $3.087.666., por estos hechos se hicieron observaciones y se advirtió un presunto detrimento al erario por un poco más de $87 millones 424 mil pesos.

“Encontramos cuatro contratos de personas de las cuales se manifestó por parte de los directores de área la no necesidad de su contratación. Fueron vinculadas, pese a que los que iban a ejercer la función de vigilancia sobre las áreas en las que se iban a desempeñar manifestaron que no era necesario”, aseguró el contralor Iván Delgado.

Déficit presupuestal

En la auditoría especial hecha por el ente de control de las finanzas, también se advierte un déficit presupuestal para las vigencias 2017, 2018 y 2019, toda vez que los ingresos efectivos anuales serían insuficientes para financiar la totalidad de compromisos que se generan en cada vigencia.

En las cifras referidas en el informe, el déficit presupuestal en 2017 alcanzaba los $38 mil 716 millones, en 2018 los $16 mil 061 millones y en 2019 los $13 mil 364 millones.

“La anterior situación se origina por la falta del adecuado seguimiento y control del presupuesto por parte de la dirección financiera Ibal, ya que producto de un adecuado y permanente monitoreo se pueden tomar las decisiones de suspender, reducir o modificar el presupuesto cuando se estime que los recaudos del año pueden ser inferiores al total de los gastos presupuestados, tal como está previsto en el artículo 28 del decreto 115 de 1996, para evitar la acumulación de déficit fiscal que pone en riesgo de desfinanciamiento e iliquidez la empresa”, recomendó la Contraloría.

Al cierre del año anterior el Municipio tenía cuentas por pagar por el orden de los $30 mil 068 millones, dentro de este valor estaban incluidas varias obligaciones que hacían parte del déficit presupuestal.

Por lo anterior también se dejó fijada una observación administrativa con presunta incidencia disciplinaria.

Cifra

87 millones fue el valor del hallazgo con presunta incidencia fiscal establecido por la Contraloría.