En su revisión a las finanzas de la empresa de acueducto y alcantarillado Ibal en los últimos tres años, la Contraloría de Ibagué llamó la atención al ente descentralizado por cuenta del importante número de procesos judiciales en curso “que amenaza con impactar las finanzas de la empresa” para sus vigencias futuras.

Según el ente de control, a corte de septiembre del 2020, existen 360 demandas con pretensiones en dinero que ascienden a los $457 mil 371 millones.

En las proyecciones hechas por la Contraloría, para este 2020 los fallos contra la empresa sumaron $7 mil 252 millones y desde el 2021 y años siguientes la suma oscila en los $449 mil 547 millones, lo que equivale a cuatro presupuestos anuales del Ibal. 

Para la entidad, esta suma es una variable que no se puede desconocer por la dirección del Ibal a la hora de determinar apropiaciones presupuestales al año y de pensar en nuevas cargas laborales y crediticias.

De la cuantiosa cifra, existen 122 demandas laborales contra la empresa que suman los $9 mil 853 millones; para este 2020 consideradas con probabilidad de pérdida o fallo las mismas alcanzaban un monto de $4 mil 196 millones y para el 2021 con posibilidad de fallos en contra por un monto de $5 mil 656 millones.

Los procesos que más recursos del Ibal comprometen son los relacionados con las acciones de reparación directa (39) y de nulidad y de restablecimiento del derecho (13), ante un eventual fallo en contra, las demandas alcanzan los $443 mil 317 millones, la mayoría previstos a pagar desde el 2021. 

Además, se registran nueve demandas por controversias contractuales avaluadas en $4 mil 200 millones.

Dentro de las acciones judiciales, la Contraloría determinó que también hay a la fecha 177 acciones populares, cuyo monto es indeterminado; 170 son relacionadas con la protección de derechos colectivos y siete relacionadas con obras de reposición del alcantarillado. 

El ente de control de las finanzas advirtió que la situación no fue tenida en cuenta a finales de 2019, cuando se suscribieron varios contratos a término fijo que también impactan en el presupuesto de la empresa de acueducto. 

Si bien la empresa aseguró que la Secretaría General, con el grupo de abogados externos, las estrategias de defensa jurídica que desarrollan y el comité de conciliación mitigan en un alto porcentaje el número de demandas; para la Contraloría no basta confiar en lo que pueda hacer el comité de conciliación, sino que se debe medir la proporción real del problema. 

“El gran número de procesos judiciales activos y las cuantiosas pretensiones que estos contienen deberían ser motivo de preocupación para el área financiera y para la alta dirección del Ibal, de tal manera que se puedan tomar medidas de fondo y provisionar los recursos necesarios en su mayor cuantía posible, para que la empresa esté más prevenida y mejor respaldada financieramente ante la gran amenaza latente que representan estas contingencias judiciales actuales”, puntualizó la Contraloría de Ibagué.

DATO

360 demandas, a corte de septiembre del 2020, estaban vigentes con el Ibal con cuantiosas peticiones de dinero.

DATO

Una de las amenazas más significativas en las finanzas del Ibal tiene que ver con las demandas por acciones de reparación y de nulidad y restablecimiento.