De ese modo, anteriormente la empresa definía libremente las tarifas de la zona rural con base en el régimen llamado “libertad vigilada”, establecido en la normatividad colombiana (Ley 142 de 1994). Sin embargo, en el año 2018 fue expedida la Resolución CRA 853, cuyos efectos implican que los prestadores del servicio de aseo tengan un plazo máximo hasta julio 2021 para dejar de aplicar la “libre definición de tarifas”, y abre la posibilidad de emplear en la zona rural la misma metodología utilizada en la zona urbana para el cobro del servicio.

Así, empresa incluyó a las zonas rurales en el mismo esquema de cobro de la zona urbana, iniciando la prestación del servicio de barrido y limpieza de vías y áreas públicas y aplicando todas las disposiciones para el cobro establecidas en la Resolución CRA 720 de 2015. No obstante, no se incluyó en las tarifas el componente de limpieza urbana (CLUS) que comprende las actividades de corte de césped, poda de árboles, limpieza de playas y lavado de áreas públicas, ya que su prestación está limitada solo al suelo urbano.

Por ello, explicó la empresa, ha realizado los ajustes tarifarios correspondientes, como resultado de la aplicación normativa en materia de las tarifas y los nuevos servicios prestados que deben ser asumidos por los usuarios dadas sus condiciones de salubridad e interés general de la comunidad.