Tras las denuncias adelantadas por la Veeduría Agua para Ibagué (Vapi) y los hallazgos de la Contraloría que advertían un detrimento por $143 millones en el megaparque Santa Rita por la posible omisión del contratante, en este caso Infibagué, a la ejecución y cumplimiento de lo estipulado en el contrato,  el contratista del Consorcio AMR inició con las correcciones a la obra que fue recibida a satisfacción por el instituto en 2019. 

Dentro de los ajustes, Vapi había evidenciado que los tableros para baloncesto instalados eran de una calidad menor a la que se exigía en el contrato, este fue uno de los ítems que ya subsanó el contratista, instalando los tableros de baloncesto en acrílico demarcado que se exigían en los pliegos de condiciones del contrato.

Sin embargo, para la veeduría, el cuestionamiento radica en que dichas observaciones y mejoras que se están haciendo actualmente pasaron por alto para la interventoría y los supervisores del contrato adscritos a Infibagué.

“La Pregunta del millón es ¿cuánto se pagó a los supervisores, interventores y demás actores de control, para no cumplir con su obligación contractual? Esa platica se perdió, ¿y todavía se preguntan por qué razón marchan los colombianos? (...) en el contrato se tenían mínimo ocho personas entre contratistas, interventores y supervisores, todos ellos pagados con dineros del erario, todos sin excepción, recibieron a satisfacción los tableros ilegales”, acotó el ente de control ciudadano. 

Y agregó, “Cuando un buen número de profesionales se organiza para desfalcar los recursos del estado, no son solo recursos lo que esquilman, nos están quitando la legalidad, la decencia, el principio rector del orden comunitario: EL RESPETO, no es solo plata, es la confianza en las instituciones, es la confianza en nuestro terruño, es la posibilidad de crear, algún día, conciencia colectiva”

Este fue el estado en el que hallaron los tableros de la cancha de baloncesto que no cumplía con lo exigido.

El lío jurídico del megaparque

Pasados casi cinco años del inicio del litigio jurídico entre privados y la Alcaldía de Ibagué por la propiedad del terreno en donde actualmente está construido el megaparque Santa Rita en la comuna Nueve de Ibagué, el abogado Néstor Mora aseguró que a la fecha están a la espera de que el Juzgado Quinto Civil Municipal decida la fecha de entrega del lote, decisión que sigue en firme y pondría en aprietos a la actual Administración.

La situación que estaba en discusión y que frenó una primera orden de entrega, pretendía que se identificara el predio a adjudicar por sucesión a los herederos del difunto Julio Newton Villa Cuenca, reconocido por vender lotes en el sector Picaleña. El predio, según advierte el abogado Mora, sería el mismo en donde se construyó la obra por la Alcaldía de Guillermo Alfonso Jaramillo. 

Un auto del 25 de marzo de 2021 emitido por el Juzgado Segundo de Familia, indicó que el predio en discusión, en efecto es el mismo al que se le hizo el secuestro de bienes en 2017, proceso que se desarrolló en el marco de la sucesión que reclamaron los herederos de Newton Villa; sin embargo, el que reclamaría el Municipio es un área distinta, “de ninguna manera puede ser el mismo lote donde se construyó el megaparque del barrio Santa Rita que aparece de propiedad del causante Julio Newton Villa Cuenca”, reseña el auto. 

Mora indicó que contra dicho auto se interpuso un recurso de apelación, pero en caso de que se conceda tal solicitud, la entrega del predio sigue en firme.

Pese a tal intención el profesional ha indicado que el propósito inicial siempre ha sido conciliar con el Municipio, conscientes de los perjuicios que podría para la comunidad y para la misma Alcaldía levantar dicho parque.

“Todo ha sido siempre con ánimo de conciliación, pero es que nunca ha habido ni siquiera un acercamiento por parte de ninguna de las dos alcaldías”, dijo Mora. 

El abogado indicó que ha sido el mismo Municipio el que creó tal problema, pues incluso, antes de la ejecución de las obras del megaparque, conocían el proceso que se estaba adelantando.

Esta redacción buscó a la Directora Jurídica de la Alcaldía para conocer las acciones a emprender, pero al cierre de esta edición no fue posible establecer comunicación.

El consorcio AMR inició a subsanar varios ítems tras el llamado de la Contraloría.