Juicio Hurtado: Fiscalía denunció amenazas de testigo y Juez insiste en protección

Crédito: Archivo / El Nuevo Día.
Pese a que la diligencia no se pudo desarrollar ante la ausencia de una defensa para el mandatario, la Fiscalía llamó la atención por la amenaza a un testigo.
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En medio de la audiencia de juicio oral contra el alcalde de Ibagué, Andrés Fabián Hurtado Barrera, por el caso de los ‘piques ilegales’, cuando el mandatario era administrador del aeropuerto Perales, la Fiscalía 38 de la Unidad de Administración Pública denunció que el exvigilante de seguridad Alexander Hernández, uno de los testigos previstos por la entidad fue víctima de amenazas de muerte.

En las anteriores diligencias la Fiscal ya había advertido que Hernández estaba siendo  intimidado con llamadas a su número de teléfono personal; sin embargo, en esta oportunidad señaló que el hombre fue abordado en la calle y amenazado con un arma de fuego.

“El señor Alexander Hernández antes de la notificación de la audiencia fue objeto de llamadas de números desconocidos donde le decían que no se fuera a poner a declarar, que era mejor que no lo hiciera, etc”.

“El pasado viernes 9 de julio del 2021 sobre las 20:00 horas me vine a enterar que personas inescrupulosas, lo esperaron y abordaron a la salida de su trabajo, descienden en el barrio Cádiz de un vehículo, no voy a develar las características por que está siendo objeto de investigación, un sujeto el cual increpa a Alexander Hernández con arma de fuego y le manifiesta, ‘si se pone de sapo a decir más de lo que es, se atendrá a las consecuencias’ y se va, una vez se tiene conocimiento de esta deplorable situación se activó con la Unidad de Reacción Inmediata (URI) los debidos acto urgentes”, aseveró la Fiscal.

La representante de la entidad señaló que el nivel de riesgo es extremo y que ya tuvo comunicación con el Director de Protección de la Fiscalía para poder brindar medidas de protección a este hombre.

Asimismo, indicó que Hernández señaló que si algo sucede en contra de su integridad la situación se deriva del juicio contra el Alcalde.

“Manifiesta enfáticamente y me autorizó a que podía dar ciertos apartes, dice que no tiene problemas con absolutamente nadie y que los problemas han sido por ser testigo en la Fiscalía y deja en claro que si le llega a pasar algo a él o a su familia es por el caso  de los piques ilegales de Andrés Fabían Hurtado Barrera. Desde que se inició en 2014 ha sido objeto de llamadas extrañas”, acotó la Fiscal.

Además, fue enfática en que de nada sirven las amenazas porque las pruebas están y la  conocen el Alcalde y su defensa del momento, “yo solicito que esta actuación avance sin traumatismos”, dijo.

 

“Estamos clamando

por protección”: Juez

En el mismo sentido y luego de que se expusieran las amenazas al testigo, el Juez  Segundo Penal del Circuito hizo un llamado de alerta y recordó que él mismo ha tenido que ser víctima de intimidaciones, mismas que se trasladaron a su núcleo familiar.

“No bastó la amenaza a un Juez de la república a través de un denigrante sufragio, ni la intimidación en las aulas colegiales a mis hijos y otros aspectos que se han tenido que vivir y que los he tenido que tragar en silencio y ahora se le agrega la amenaza a un testigo”, cuestionó el togado.

Asimismo, indicó que desde la Unidad Nacional de Protección (UNP) se le ha pedido el reintegro de la persona que lo escolta, un chaleco antibalas y un botón de apoyo, que le dieron cuando se conocieron las amenazas en su contra, por lo que cuestionó el actuar de este tipo de amenazas.

Es de resaltar que el Juez ya había responsabilizado en audiencias previas al estado colombiano por lo que le pueda ocurrir a él y a su familia, “¿tenemos que esperar a que perezca un testigo para luego lamentarnos de la inoperancia del estado”, dijo.

A raíz de la nueva circunstancia, el Juez aseguró que le pedirá al Tribunal Superior de Ibagué que analice la posibilidad de un cambio de radicación de la actuación.

La Fiscalía en medio de su pronunciamiento pidió que en aras de acelerar el trámite se le diera prioridad al juicio y se dispusieran por lo menos tres días para culminar la presentación de testigos de ambas partes, situación a la que accedió el Juzgado.

 

Las razones de Hurtado para no encontrar abogado

Durante el juicio se expuso una carta firmada por el mandatario en donde primero argumentó las razones para revocar el poder de su abogado y expresó su inconformismo porque dicha decisión se interprete como una maniobra dilatoria.

“(...) con ella no se pretendió dilatar la actuación, ni mucho menos hacerme acreedor de alguna de las medidas correccionales consagradas en el artículo 143 de la ley 906 de 2004. Desde ya debo anunciar que dicha determinación obedeció exclusivamente a marcadas diferencias con quien era mi apoderado y la necesidad de contar con la más adecuada representación judicial que realmente garantice mi derecho de defensa”, se lee en el documento.

El Alcalde indicó que está en la búsqueda de un abogado radicado en Bogotá, pues el “infortunado impacto mediático” impide que tal situación la maneje alguien de la ciudad.

Asimismo, señaló que solo hasta el 5 de julio pudo tener cita con un profesional del derecho, pues sus ocupaciones como primera autoridad del Municipio y una visita a Cartagena a un evento cultural, han limitado dicha búsqueda.

Hurtado señaló que aún no pudo llegar a un acuerdo con un abogado, pero que en los próximos días espera  definir quién lo defenderá en el caso en su contra.

 

Se buscará nuevo abogado de oficio

Ante la imposibilidad de Hurtado de conseguir un nuevo abogado para su defensa en el proceso, la Defensoría del Pueblo asignó al profesional  Ricardo Ramírez al caso; sin embargo, Ramírez expuso en la audiencia que no estaba habilitado, pues en la etapa de formulación de acusación del actual proceso, fungió como abogado suplente del señor Humberto Escobar, entonces apoderado del Alcalde.

A su vez, la representante de la Defensoría del Pueblo indicó que para las asignaciones, se desconocen los procesos que los abogados han llevado y señaló que desconocían la situación de la cual se enteraron por aviso del mismo Ramírez. La Defensoría del Pueblo se comprometió a hacer una reasignación del caso.

Tras dicha situación el Juzgado le concedió al mandatario local tres días hábiles, es decir, el miércoles de la próxima semana se debe conocer quién en su defensa.

 

No bastó la amenaza a un Juez de la república a través de un denigrante sufragio, ni la intimidación en las aulas colegiales a mis hijos y otros aspectos que se han tenido que vivir y que los he tenido que tragar en silencio y ahora se le agrega la amenaza a un testigo.

Juez Segundo Penal del Circuito.

Credito
Redacción Ibagué.

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