Advierten irregularidades en obras de la USI de Picaleña

Crédito: Alcaldía de Ibagué / EL NUEVO DÍA
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El exdirector de interventoría de la obra en Picaleña denunció que fue despedido luego de exponer y pedir al supervisor que se revisarán varias anomalías en el análisis de precios que entregó la Unión Temporal.
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A través de las redes sociales, el concejal Rubén Darío Correa expuso las presuntas irregularidades y sobrecostos que rondan la construcción de la Unidad de Salud de Picaleña en donde la Alcaldía de Ibagué está haciendo una inversión que asciende a $3.398 millones y para el que se tiene un plazo de ejecución de 11 meses.

La denuncia hace parte del informe que el entonces director de Interventoría del consorcio UP 2021, Víctor Manuel Lozano Rondón remitió a Guillermo Raúl Puentes, supervisor del contrato 677 el pasado 20 de agosto, allí pedía revisar el análisis de precios unitarios (APU) allegados por la Unión Temporal USI Picaleña, ante anomalías detectadas.

Según evidenció Correa, el ingeniero fue despedido seis días después de realizar el informe y sentarse con el gerente de la Unidad de Salud de Ibagué, Carlos Cuéllar y su equipo de trabajo, el 26 de agosto. 

En diálogo con el cabildante, el ingeniero Lozano Rondón dio a conocer varias irregularidades. Por ejemplo, el valor del insumo del agua que tiene un costo de $650.000 el metro cúbico, mientras que el Ibal cobra en el estrato Cuatro por el mismo volumen solo $1.140. Dicho incremento genera un desfase en la obra que asciende a $77.839.00.

“Calculando las cantidades de concreto, mortero y agua para compactación de recebo tenemos un total de consumo de agua a la obra de 121.62 m3, y si tomamos como valor del agua en $10.000/m3, el desfase asciende a $77.839.000”, acotó el exdirector en el informe al que tuvo acceso EL NUEVO DÍA. 

Para el tema del cielo raso, para un ángulo galvanizado calibre 26 el valor promedio es de $2.900 la tira de 2.44 metros, en el análisis de precios se presupuesta este insumo con las mismas características por $79.900, “es mas de 20 o 25 veces el valor comercial”, dijo el ingeniero, quien además advirtió que teniendo en cuenta que se va a trabajar en 632 metros cuadrados el sobrecosto es de $84.474.700

Para una pintura blanca de cinco galones el valor comercial está en $211.600, pero en el APU se fijó a $180.900 el galón, es decir que los mismos cinco galones terminaron presupuestados en $904.500. La situación se repite en elementos de menos tamaño como un chazo o un tornillo, para el primero que tiene un valor comercial de $21 pesos la unidad, se pedía $520 pesos y para el segundo que en el mercado tenía un costo de $69.90 aparece en el análisis de precios a $900 pesos. 

En un documento de siete folios, el ingeniero y exdirector de la interventoría expuso el sobrecosto en más insumos.

El ingeniero indicó que le preocupa cuál será el destino final de la obra y sostuvo que la misma no tiene un supervisor técnico como lo exige la NSR-10, el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente y que los desagües de aguas servidas también van a entorpecer el funcionamiento de las vigas de amarre en la obra. 

“Me da gran pesar porque asistí el día que el Alcalde promocionó la obra, que fue la primera piedra por decirlo así. La ciudadanía y barrios cercanos tienen razón porque eso mejora el servicio de esa zona, pero sinceramente como lo veo yo, sin ningún resquemor, si las cosas se siguen haciendo como se están haciendo, no va a tener un buen final”, dijo el ingeniero, quien señaló que durante 53 años de vida profesional no ha tenido un solo llamado de atención y por lo mismo no espera echar por la borda su labor.  

¿Se cambió el dueño?

En medio de su denuncia, el ingeniero Lozano Rondón también expuso que una vez radicó el informe de interventoría, en la obra apareció el ingeniero Alejandro Méndez Ramírez, quien aparentemente es quien da todas las directrices sobre la construcción de la obra y del que por ahora se desconoce el vínculo que tiene con el consorcio ganador del contrato y el Municipio.

El exdirector de la interventoría señaló que Méndez Ramírez estaba desconociendo el trabajo de la interventoría y por lo mismo volvió a exponer la situación ante los encargados de la supervisión del contrato quienes lo citaron a una reunión de la que además del gerente de la USI, Carlos Cuéllar, hizo parte el señor Méndez Ramírez.

“Se hizo la reunión, donde estábamos el director de la USI, el subdirector, el asesor jurídico, el ingeniero Jaime Arias de la supervisión, el doctor Méndez y yo, y empezaron a echarme la culpa de todo. Al final me increpó (el ingeniero Méndez) y de una manera desobligante, pasó al otro lado de la mesa y me dijo ‘ingeniero, usted con sus minucias, qué va a hacer el día que le toque interventoría a un edificio de 20 pisos’ y yo le dije, ‘pues trato de conseguir un ingeniero que sepa’, eso no le gustó al director de la USI y dijo ‘se da cuenta lo está insultando’, le dije ‘no me parece, para hacer una obra busco un personaje que sepa, no estoy culpando a nadie’, pero según el Gerente fue un insulto mayor”, explicó el ingeniero Lozano.

Según denunció, después de esa reunión se hizo otra con el consorcio Interventoría UP y días posteriores se le informó que ya no estaba vinculado en el proceso.

Cabe resaltar que el trámite contractual que se desarrolló a través de un proceso de selección de mínima cuantía tuvo dos oferentes interesados, pero la Unión Temporal Picaleña fue quien se quedó con  el contrato, la misma la conforman Piedad Pinzón Cortes, Luis Carlos Rivera y Orlando Contreras Barrientos.

El otro oferente que ‘perdió’ en el proceso de selección fue el consorcio Salud y Vida,  lo conforman Juan Carlos Triana Castillo y  Alejandro Méndez Ramírez, a quien mencionó el exdirector de interventoría y quien supuestamente estaría dando instrucciones en la obra. 

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Credito
REDACCIÓN IBAGUÉ

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