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Al Concejo de Ibagué, en debate de control político, se trasladaron las denuncias de presuntos sobrecostos y supuestas anomalías en el análisis de precios unitarios que entregó el contratista encargado de las obras de construcción de la Unidad de Salud de Ibagué (USI ) en Picaleña, la Unión Temporal USI Picaleña.
Por estos hechos la Personería municipal anunció la apertura de una investigación disciplinaria relacionada con el contrato 677 que tiene como objeto la construcción de este centro de salud en la comuna Nueve, en el sector de la Arboleda Campestre y donde se hace una inversión de más de $3 mil millones.
“Informar que la Personería ya aperturó un proceso disciplinario con los temas relacionados con el contrato objeto de debate, estamos en etapa de pruebas y teniendo en cuenta que este proceso tiene reserva solo quería manifestarles que la Personería tiene apertura de investigación disciplinaria”, señaló la delegada del ente del Ministerio Público.
Cabe recordar que el exinterventor de obra del consorcio UP 2021, el ingeniero Víctor Manuel Lozano Rondón denunció que en su momento expuso ante las directivas de la USI un informe donde daba cuenta de las posibles irregularidades y sobrecostos en esta obra, pero fue despedido días después.
En el debate el ingeniero Lozano Rondón, reiteró su denuncia y señaló que de los más de 400 análisis de precios unitarios la mayoría tendrían inconsistencias que no han sido subsanadas.
A su vez, el concejal Rubén Darío Correa, citante del debate calificó al gerente de la USI, Carlos Cuéllar, como “una persona no digna”, aseguró que no dice la verdad y le pidió que renuncie a sus funciones.
“Señor Gerente renuncie, después de todas estas evidencias, usted no es una persona digna de la confianza de los ibaguereños, ha mentido a la Corporación”, dijo Correa en el debate del cabildo.
En su explicación, el gerente de la USI, Carlos Cuéllar acotó que recibió las denuncias de posibles sobrecostos, pero de forma posterior otro informe en donde la misma interventoría pedía que no se tuviera en cuenta la información remitida, pese a ello aseguró que pidió a la interventoría y al contratista una revisión al proyecto.
“Como ya lo mencione, la entidad requirió a la interventoría y al contratista ejecutor unos estudios de los APU para determinar que las actividades contratadas, concreto y excavaciones estén dentro de los precios del mercado y que dichos APU estén estructurados de forma debida”, señaló Cuéllar.
Asimismo, advirtió que a la fecha desde la USI no se ha pagado ningún monto por la construcción del proyecto en Picaleña, pues según se fijó en el contrato el primer pago solo tendría lugar cuando se avance en un 40%.
“Quiero aclarar que dijimos que el primer pago se haría en el 40% de ejecución de la obra por tal motivo, insisto que en este momento no se ha pagado un peso por esta obra”, dijo Cuéllar.
Posteriormente, sostuvo que los precios unitarios se aprobaron a través de un comité evaluador de compras y servicios y se basan en los APU que habrían sido expuestos en los estudios y diseños que fueron entregados en 2018 por la anterior administración.
“No se están infringiendo los parámetros técnicos o de calidad y no se evidencia detrimento económico que pueda afectar la construcción de la obra, dado que la obra se está construyendo de acuerdo a los planos, estudios, diseños y presupuesto contractual establecido por la entidad contratante”, añadió el Gerente.
Ante la presencia de un aparente ‘nuevo dueño’, a quien se identificó como Alejandro Méndez Ramírez, quien según lo denunciado estaría dando directrices en el proceso e hizo parte de la otra propuesta que se allegó para construir la nueva USI, el Gerente acotó que este ha fungido como asesor externo del proyecto, pero que las decisiones están a cargo de la Unión Temporal USI Picaleña. Además ratificó que él no ordenó que despidieran al ingeniero y exinterventor Víctor Manuel Lozano Rondón, decisión que se habría dado de manera autónoma por el consorcio interventor; el cabildante Correa rechazó lo dicho y con un audio acotó que el Gerente sí habría dado la orden.
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