¿Procurador Ambiental y Agrario intercedió por Anglogold Ashanti?

ARCHIVO - EL NUEVO DÍA
El procurador Ambiental y Agrario del Tolima, Ernesto Cardoso Camacho, solicitó al director de Cortolima, Jorge Enrique Cardoso, la revocatoria directa de la suspensión de los trabajos de la multinacional en Doima, Piedras.

Una petición principal fue la que solicitó Ernesto Cardoso Camacho, procurador Ambiental y Agrario del Tolima al director de Cortolima, Jorge Enrique Cardoso, donde pidió la revocatoria directa de la resolución 0433 del 11 de marzo de 2013, en relación con las operaciones de Anglogold Ashanti en Piedras.

En el documento, el delegado del Ministerio Público, alude que su posición es en virtud a una asignación de intervención preventiva y de control de gestión en la problemática minera en el Tolima, además acudiendo a la solicitud que le hizo la multinacional a su despacho. 

Requiere igualmente que se haga modificación parcial del acto administrativo, en el sentido que la suspensión ordenada, “solo se levantará cuando la empresa obtenga los permisos correspondientes por parte de esta autoridad ambiental”.

Cardoso Camacho afirma que la compañía informó a la Corporación Ambiental el 9 de noviembre de 2012 de las actividades que se pretendían realizar en las veredas Camao, Pantano y Cabras, en Piedras, y que estas no eran mineras.

También expresó que Anglogold siempre ha estado dispuesta a aclarar ante la autoridad ambiental el proceso que adelantaba e incluso hasta realizar una visita al lugar.

Destacó que estas afirmaciones para el Ministerio Público se constituyen en la aplicación del principio constitucional de la buena fe.

Seguido a esta posición, el Procurador hace referencia a las quejas que empezaron a formularse ante Cortolima y cómo sus funcionarios deciden hacer una visita al lugar, lo que originó después la suspensión.

El 12 de marzo de 2013, la empresa minera radica en el despacho de la Procuraduría Ambiental y Agraria el oficio donde se informa de las actividades que se pretenden realizar, los inconvenientes que han tenido por las protestas y las actuaciones negligentes de las autoridades para garantizar sus derechos.

Además solicita la intervención del Ministerio Público para ejercer el libre ejercicio de sus actividades, ya que están protegidas por la normatividad minera y ambiental. 

La posición 

Luego de haber conocido el informe técnico y los argumentos que utilizó la autoridad ambiental para determinar la suspensión, para el Ministerio Público el cargo que se imputa consiste en que Anglogold realizaba y tenía proyectado hacer actividades exploratorias diferentes o de mayor envergadura técnica y ambiental a los que anunciaron.

“Pero no se precisa de manera clara y concreta cuál o cuáles normas se infringieron con tal conducta”, según el documento.

Con respecto a los cargos que sustentan la suspensión y el inicio del proceso sancionatorio, “encuentra su despacho que la fundamentación es ambigua, confusa e inexistente por no tener el debido sustento normativo, ya que no existe certeza jurídica acerca de la obligación legal de solicitar permiso de autoridad ambiental”. 

El procurador Cardoso Camacho también hace referencia a una inspección ocular que realizó en compañía del Personero de Piedras el pasado 14 de marzo y donde se evidenció que en el cauce de la quebrada Camao discurren de manera casi imperceptible y en forma intermitente escasas corrientes hídricas. 

“Más que un cuerpo de agua superficial, parecen ser escorrentías de aguas lluvias”.

La misma situación se evidenció el 3 de abril con presencia de funcionarios de Cortolima, quienes insistieron en que sí existe fuente hídrica superficial derivada de las recargas hídricas subterráneas que discurren de las laderas circunvecinas.

Con relación al punto donde se sustenta la aplicación y procedencia del principio de precaución, por el riesgo de contaminar los acuíferos subterráneos, el cargo tiene una alta dosis de subjetividad que se soporta en presunciones. 

Duro cuestionamiento

El delegado del Ministerio Público, se hace además un interrogante. 

¿Por cuál razón objetiva e imparcial la Corporación no valoró en su momento, o aún después, cuando el 24 de enero de 2013 dio respuesta a los oficios de Anglogold en los cuales informaba las actividades a desarrollar. Especialmente al ofrecer las explicaciones técnicas y ambientales que fueron necesarias a juicio de la entidad, si estas, constituían un peligro cierto o inminente de causar daño grave a los recursos naturales de agua y suelo?.

En el mismo documento, se asegura que la respuesta la encuentran en la actitud omisiva y negligente de la autoridad ambiental, que solamente reaccionó frente a las presiones de la comunidad de Piedras, manifestada en los bloqueos de las vías de acceso y en las quejas expuestas.

“Es decir, entre la información de la empresa, los oficios de las quejas y la visita del 4 de marzo, transcurrieron cuatro meses con respuesta tardía”. 

DE LA PROCURADURÍA

Cabe recordar que tanto Cortolima en la era de Carmen Sofía Bonilla como la Procuraduría General en la época de Edgardo Maya hablaban el mismo ‘idioma’ en torno al proyecto La Colosa, que era calificado de inconveniente para el medio ambiente y para otras actividades en la región, en tanto que el Gobierno nacional expidió la licencia para la polémica área. 

Como lo contó EL NUEVO DÍA el 6 de julio de 2011, con la llegada del nuevo procurador, Alejandro Ordóñez, ocurrió el sospechoso traslado del exprocurador Agrario del Tolima, Diego Alvarado, quien fue enviado al Caquetá, y a quien le fue retirada la competencia después de una audiencia realizada en Cajamarca.

La salida de Alvarado, quien fue reemplazado por Ernesto Cardoso, equivalía a quitarse una piedra del zapato en los interesados del proyecto, como parece ahora haber quedado demostrado. 

CLAUDIA RESTREPO-REDACCIÓN EL NUEVO DÍA

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