Así también se explica a través de un comunicado emitido por la Procuraduría General de la Nación, donde se hace énfasis en que, según reunión cumplida a finales del año pasado entre la viceprocuradora General de la Nación y el grupo de asesores de Minas, Hidrocarburos y Regalías con los concejales de Cajamarca, se discutió la pertinencia constitucional y legal de adelantar la señalada consulta popular.

En dicho encuentro y a través de diferentes comunicaciones enviadas en el marco del acompañamiento preventivo a este proceso, el ente de control citó varias de las disposiciones vigentes en esta materia que permiten concluir que "siendo del Estado la propiedad de los recursos naturales no renovables y de su resorte la planificación de su manejo y aprovechamiento, solamente sería competente para convocar una consulta popular, con origen en la Rama Ejecutiva del poder público, que involucre el aprovechamiento de recursos naturales no renovables, el presidente de la República como jefe de Estado".

En consecuencia, el cabildo municipal remitió la solicitud de consulta al presidente Juan Manuel Santos, quien se constituye en la autoridad competente para autorizar la ejecución de consultas populares sobre aspectos que implican la protección socioambiental del suelo y abordar asuntos mineros o injerencias de estas actividades en el territorio.