Al parecer, Arce Camacho, como representante legal y ordenador del gasto, procedió al perfeccionamiento, la legalización y el reconocimiento del pago del anticipo y pagos parciales del Contrato de Obra Pública 131 del 21 de junio de 2010, celebrado entre el Municipio y el consorcio Control Presas Honda para la construcción de obras de control de presas y protecciones longitudinales en el río Gualí.

Esto, sin tener en cuenta que el ítem de contribución de obra pública había sido presentado en la oferta económica, cuando se trata de un tributo de costo indirecto que debe reconocer y pagar el contratista al Estado y no el Estado mismo.

Así mismo, la Procuraduría pretende establecer la posible responsabilidad que tuvo el exalcalde por no haber adelantado la convocatoria para la consultoría a través de la cual se actualizarían los estudios y diseños necesarios para continuar las obras en el río Gualí, luego del suceso del 6 de noviembre de 2010, cuando se presentó una creciente inusitada.

Otras acciones

Posiblemente se desconocieron los principios de la función pública y la contratación estatal, especialmente los de transparencia y selección objetiva, al tomar la decisión de formalizar un otrosí de consultoría al contrato principal de obra pública para la actualización de los diseños iniciales del proyecto, ajustándolo al cambio en las condiciones.

Esto, además de obtener y utilizar los certificados de disponibilidad y registro presupuestal para tal fin, al parecer sin el pleno de los requisitos legales y las formalidades contractuales.

Por su parte, Velásquez Torres, en su calidad de Secretario de Planeación y Desarrollo Físico, al parecer actuó en el trámite y la obtención de los certificados de disponibilidad y registro presupuestal para la legalización de la adición al señalado contrato, sin dar estricto cumplimiento a los principios de la función pública, la contratación estatal y el manejo presupuestal.