Gobernación del Tolima y la Alcaldía de Ibagué en nivel medio de riesgo de corrupción

INTERNET - EL NUEVO DÍA
Según el estudio ‘Transparencia Departamental y Municipal 2013-2014’, el Índice de Transparencia de la Alcaldía de Ibagué es apenas del 62,2 %, el de la Gobernación del Tolima llega al 73,5 % y el de la Contraloría regional es solo de 62,8%.

Un panorama más que lúgubre en materia de riesgo de corrupción es el que afecta a la institucionalidad colombiana, de acuerdo con el más reciente informe de Transparencia por Colombia (TC), en el que se advierte que más de la mitad de Gobernaciones, Contralorías y Municipios se raja en la prevención de este flagelo. 

Según el estudio ‘Transparencia Departamental y Municipal 2013-2014’, el Índice de Transparencia de las 32 Gobernaciones es apenas de 59,1%, el de los municipios llega a 57,3% y el de las Contralorías Departamentales es solo del 56,4%. 

Para la tabulación de resultados, se establecieron cinco niveles de riesgo de corrupción administrativa, así: 

- Riesgo Bajo, entre 89,5 y 100 puntos. 
- Riesgo Moderado, entre 74,5 y 89,4 puntos. 
- Riesgo Medio, entre 60 y 74,4 puntos. 
- Riesgo Alto, entre 44,5 y 59,9 puntos, y 
- Riesgo Muy Alto de corrupción, entre 0 y 44,4 puntos. 

“Un deficiente promedio de 59,1%, calificación que marca un riesgo alto de corrupción como consecuencia de varios factores, entre ellos los débiles diseños institucionales para producir y entregar información pública, la deficiente información disponible sobre trámites y una pobre gestión del talento humano”, afirma Elisabeth Ungar Bleier, directora Ejecutiva de la Corporación Transparencia por Colombia. 

La situación, dice la experta, es más que preocupante, pues “apenas cuatro de las 32 Gobernaciones están en riesgo moderado de corrupción, y sólo dos órganos de control (de 32 evaluados) logran este nivel de riesgo, mientras uno de cada cuatro municipios (de 41 tabulados), están en ese mismo rango”. 

Para la medición del Índice de Transparencia de Entidades Públicas (Itep), se tuvieron en cuenta tres aspectos básicos: Visibilidad, entendida como la capacidad de una entidad para hacer públicas sus políticas, procedimientos y decisiones, de manera suficiente, oportuna, clara y adecuada. La Institucionalidad, para lograr que los servidores públicos y la administración cumplan con normas y estándares establecidos para procesos de gestión. Y, tercero, Control y Sanción, que corresponden a dichas acciones mediante procesos internos, con los órganos de control y la participación ciudadana. 

En ese sentido, el Itep concluyó tres factores de riesgo de corrupción en las entidades evaluadas. Primero, débil capacidad la difusión de información pública, baja socialización de la misma información así como de las decisiones y actos de las autoridades. 

Segundo, bajo desarrollo de procesos y procedimientos administrativos reflejados en el exceso de discrecionalidad de las autoridades, y, en tercer lugar, la inoperancia de los controles a la gestión, tanto en el control social como el control institucional. 

Las gobernaciones

De acuerdo con los parámetros de medición, el estudio concluye que, en conjunto, las 32 Gobernaciones están en Alto Riesgo de Corrupción, pues en promedio alcanzan un Índice de Transparencia de 59,1 sobre 100 puntos. 

El análisis demuestra que ninguna Gobernación alcanza el nivel de Riesgo Bajo de corrupción. Sólo cuatro de ellas están en el rango de Riesgo Moderado: Antioquia (82,4), Santander (81,2), Caldas (75,7) y Meta (74,8). 

Mientras, seis Gobernaciones se encuentras en el nada privilegiado rango de Muy Alto Riesgo de corrupción. Son ellas: Chocó (31,0), Vaupés (32,4), Guainía (34,2), Caquetá (37) , La Guajira (39,8) y Putumayo (42,7). 

“Estas calificaciones, que reflejan los extremos de la evaluación, también representan los extremos de las inequidades sociales y de la calidad de la presencia del Estado en el territorio. Es, sin duda, una alerta máxima para un país diverso, extenso y con serias alertas para la integridad y la transparencia”, señala el documento. 

En general, las entidades departamentales están identificadas así: Riesgo Muy Alto de corrupción, el 19%; Riesgo Alto, 31%; Riesgo Medio, 37,5%, y Riesgo Moderado 12,5%. 

“La institucionalidad departamental es más bien débil, con deficiencias que no permiten garantizar que los recursos públicos estén protegidos de los intereses de la corrupción”, concluye TC. 

Los municipios

El riesgo de corrupción en los municipios no es muy diferente al de las Gobernaciones, pues 20 de los 41 evaluados por Transparencia Colombia están clasificados en los niveles Alto y Muy Alto de Riesgo de corrupción. 

Sólo dos son clasificados en Nivel Moderado de Riesgo de corrupción: Barranquilla, con 77,5 por ciento, Mosquera (Cundinamarca) con 77,4 y Pereira con 75,8 por ciento. Ningún municipio alcanza el nivel Bajo de Riesgo de corrupción. 

Las calificaciones más bajas, niveles Muy Alto de riesgo de corrupción, correspondieron a: Leticia (37,5), El Zulia (Norte de Santander, 39,9), Sincelejo (40), Mitú (42,4), Inírida (42,6), Quibdó (43,6) y Puerto Carreño (44,2). 

Para el estudio se tuvieron en cuenta 41 municipios del país: 13 de los más pequeños y 28 capitales departamentales, exceptuando a Bogotá, Cali y Medellín, que “deben ser evaluadas a través de una metodología especial para ‘Grandes Ciudades’. 

La conclusión del índice de riesgo de corrupción a nivel municipal es: Riesgo Moderado, 7% de los municipios evaluados; Riesgo Medio, 44%; Riesgo Alto, 32%, y Riesgo Muy Alto 17%. 

Uno de los aspectos que más destaca el estudio se refiere a la contratación pública, en el que se estableció que apenas el 1% de los municipios realizó concurso de méritos y el 21% correspondió a contratación directa y el 34% a licitación pública. 

“La situación de la institucionalidad territorial requiere un trámite urgente y acertado. El Gobierno territorial ve afectada su autonomía no sólo por recortes presupuestales, sino también por la incidencia de intereses particulares, legales o ilegales, en los asuntos públicos”, señala la directora de TC.

Contralorías departamentales 

Un aspecto que el informe destaca como “curioso” es el hecho de que las Contralorías Departamentales, que se supone son los organismos de control encargados de velar por la transparencia en el manejo de los recursos públicos de los entes territoriales, tienen en promedio una calificación inferior a las Gobernaciones que deben vigilar y controlar. 

El promedio de la calificación para estos organismos es 55,5 por ciento. Sólo dos Contralorías Departamentales logran un Nivel Moderado de Riesgo de corrupción: Huila (78,7%) y Meta (75,3%). 

Más de la mitad de ellas, el 56%, se encuentra en los niveles Alto y Muy Alto de Riesgo de corrupción, mientras que ocho son las más vulnerables: Cesar (43,5), Sucre (43), Magdalena (41,8), Vichada (36,2), Guainía (31,4), Chocó (29,5), Vaupés (28,4) y Amazonas (22). 

La conclusión del informe en materia de recursos públicos es que “tan sólo Caldas cumplió con todos los parámetros de la publicación de información sobre contratación pública” y que frente a la Gestión del Talento Humano “solo Valle del Cauca, Córdoba y Meta alcanzaron la puntuación máxima de 100 puntos, es decir, seleccionar a servidores públicos de libre nombramiento y remoción a través de un proceso meritocrático”. 

Estos resultados, afirma Ungar Bleier, “permiten aseverar que la fortaleza institucional para vigilar los riesgos de corrupción queda en entredicho”, pues indican que al estar las Contralorías Departamentales en Riesgo Alto de corrupción “generan una doble alerta, puesto que está en entredicho la gestión institucional y misional de estos organismos de control”. 

En conclusión 

Frente a este panorama, la conclusión de Transparencia por Colombia no puede ser más pesimista: “Los resultados globales que presentan los Índices de Transparencia de 2015 son preocupantes y encienden las alarmas acerca de la eficacia de una institucionalidad que dice prepararse para afrontar los inmensos retos de transparencia, integridad y anticorrupción, que demandará un manejo acertado del Estado y de la sociedad en general una vez se llegue a la etapa del acuerdo de paz y el llamado postconflicto”. 

A pesar de los resultados, el estudio ‘Transparencia Departamental y Municipal 2013-2014’ recuerda que desde 1953, el Estado colombiano ha incorporado en su diseño institucional herramientas tendientes a la prevención de la corrupción en la administración pública. 

Desde 2010 se han incorporado al ordenamiento jurídico interno las siguientes normas: 

- Inclusión del fenómeno de la corrupción en el Plan Nacional de Desarrollo 2010- 2014. 
- Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 de 2011). 
- Adopción del Decreto 2641 de 2012. 
- Ley 1712 de 2014, sobre transparencia y acceso a la información, entidades del Estado y organizaciones de la sociedad civil. 

Dato

La información para tabular el Índice de Transparencia de Entidades Públicas se recaudó entre noviembre de 2013 y noviembre de 2014. 

 

 

 


Credito
COLPRENSA - EL NUEVO DÍA

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