La Procuraduría Provincial de Girardot formuló cargo de pliegos en contra del exalcalde de Melgar, Gentil Gómez Oliveros, debido a que, presuntamente, durante su mandato se generó un detrimento patrimonial con el lote que aportó el municipio para ser parte de la sociedad de economía mixta Terminal de Transporte de Melgar S.A.
El meollo de este asunto radica en que el lote denominado Terminal de 81 mil 450 metros cuadrados, ubicado en la vereda El Salero, fue entregado a la sociedad por $770 millones, es decir que el metro cuadrado fue establecido en $9 mil 453.
Luego en 2013, el municipio le vendió una franja de este predio al Instituto Nacional de Concesiones, Inco, por $194 millones 098 mil, es decir que el metro cuadrado tuvo un costo $61 mil 667.
Esta diferencia de valores es catalogada como un posible detrimento público, “por cuanto si bien es lícito que el municipio haga parte de sociedades de economía mixta, verbigracia la Sociedad Terminal de Transporte de Melgar, su participación debe hacerse de tal manera que se proteja la inversión de recursos públicos”, dice el documento de la Procuraduría.
Con respecto a esta presunción, el exmandatario Gómez en versión libre habría manifestado que en este caso no se puede hablar de detrimento patrimonial, porque se debe tener en cuenta que “vendió en $797 millones 159 mil un predio que al municipio en el 2007 le costó $603 millones 060 mil y que por ende los negocios jurídicos resultaron benéficos para la administración pública”, se explica en el oficio.
Gómez agregó que el negocio con Inco se adelantó con las correspondientes autorizaciones y basado en los avalúos.
Sin embargo, la respuesta no es muy conveniente para la Procuraduría, por lo que el ente indica que los valores registrados en las ventas a la sociedad y a Inco, por $9 mil 453 y $61 mil 667, respectivamente, “no guarda relación, ni proporción alguna”.
Una vez se evaluaron los argumentos de cada una de las partes, el Ministerio Público, por ahora, considera que “presumiblemente, que la conducta fue asumida por el disciplinado con culpa gravísima, al haber actuado al parecer con ignorancia supina”, es decir que se tuvo desconocimiento de un asunto que estaba en el deber de inquirir.
Por ahora se conoce que el exmandatario tiene 10 días hábiles que empiezan a correr desde su notificación para que presente descargos o solicite pruebas y plantee nulidades.
De otra parte, cabe recordar que el proyecto del terminal de Melgar tuvo un aporte por parte de la Gobernación del Tolima por $500 millones.
Y en cuanto a la finalización de las obras, se espera sean entregadas en un par de meses.
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