El Ministerio Público indicó que el entonces alcalde, sin esperar la culminación del proceso de selección que se adelantaba mediante licitación pública y que tenía por objeto la rehabilitación del distrito de riego de media escala del municipio a su cargo, celebró simultáneamente un convenio con la Sociedad Tolimense de Ingenieros por valor de $2 mil 083 millones.

Consideró el ente de control que con este comportamiento el implicado inobservó normas legales e incumplió los principios de moralidad y transparencia.

La falta del disciplinado fue calificada como gravísima cometida con culpa gravísima.

En el curso de la audiencia en que se dio a conocer la decisión de primera instancia se interpuso recurso de apelación que será resuelto por la Procuraduría Regional del Tolima.

El Ministerio Público compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación para que, si es del caso, investigue a Álvaro Bohórquez Osma y a Leidi Diana Rubio Aguirre, en su condición de secretaria general administrativa del municipio, por presuntas irregularidades relacionadas con la falta de planeación contractual, celebración indebida de contratos y sus posibles consecuencias dentro del marco jurídico penal de los delitos contra la administración pública.