La aclaración se hace sobre los 10 años en los que el Departamento dejó de girarle recursos a la UT: “es necesario precisar que la institución en el trámite de la Ley 550 de 1999 al que se sometió el Departamento durante el 2001 a 2008, no realizó en su oportunidad, gestión alguna con el fin de ser reconocido como acreedor del ente territorial”, dice la institución.

Del mismo modo, se precisa que en 2014 cuando se determinó las cuantías a cargo de la Administración seccional tras un fallo de Acción popular se dio cumplimiento a lo ordenado, acto que fue legitimado por la Asamblea.

Luego, en 2017 tanto la Gobernación como la Universidad solicitaron la suspensión de los procesos vigentes “con el fin de superar las diferencias económicas que persistían, llegando a un acuerdo definitivo a través de un contrato de transacción, el cual fue revisado y aprobado por el Tribunal Administrativo del Tolima”.