Entre las razones expuestas por los cabildantes, está que la Corporación no es competente para decidir sobre el subsuelo; además, que la pregunta es ambigua y podría afectar la minería de subsistencia y los materiales de construcción, por ejemplo. Asimismo, aseguraron que la pregunta no especifica detalles como el tamaño de las presas de agua que podrían ser construidas.
La pregunta era “¿está usted de acuerdo, Sí o No, que en el municipio de Ortega se ejecuten proyectos y actividades mineras; y de Hidrocarburos, como exploración sísmica, perforación exploratoria, producción y oleoducto; así como también la realización de embalses, hidroeléctricas y presas de agua?”.
A través de un comunicado la petrolera Hocol, que tiene operaciones en cuatro campos de ese municipio, indicó que respeta la decisión del Concejo, ya que es el resultado “de un debate objetivo y bien informado, que pone en el centro de la decisión el interés general de la comunidad orteguna y la premisa de que la industria puede coexistir de manera sostenible”.
La empresa aseguró que desde su llegada sostuvo un relacionamiento basado en el diálogo abierto y agradeció al movimiento ‘Sí Ortega, sí desarrollo’, por convocar “el apoyo ciudadano a la industria petrolera, pilar del progreso en Ortega y Colombia”.
“Decisión arreglada”
Tras la decisión, Madeleine Rivera, gobernadora de la comunidad indígena Bocas del Kumej, aseguró que Hocol influenció en la votación a través de “regalos y compra de votos” a los dirigentes. Y advirtió que una vez las empresas intenten instalarse en el territorio, podrían iniciar una minga “o como dicen, tomar vías de hecho”.
“Eso estaba arreglado. Ahora vamos a hacer un correctivo a tres concejales que son indígenas y vamos a estudiar la situación para saber cuáles con los pasos pertinentes a seguir”, dijo.
Entre tanto, el concejal Melquisedec Ortiz, quien votó a favor de la iniciativa, indicó que el cabildo vulneró derechos de la comunidad, al privarla de participar de un mecanismo válido para decidir sobre su municipio.
“Buscamos defender el medio ambiente, pero prevaleció el interés particular por encima del interés general. Los concejales apoyaron la industria minera y de hidrocarburos; negaron la posibilidad al municipio para que se manifieste”, subrayó.
Dato
La Registraduría había aprobado 5 mil 437 firmas de las 8 mil 877 presentadas por el comité promotor ‘El agua es vida’ en Ortega.
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