Cerca de 12 horas duró la audiencia de medida de aseguramiento contra el alcalde de Prado, Álvaro González Murillo, que se cumplió ante el Juez Quinto penal municipal de Ibagué la noche del jueves y la madrugada de ayer.

En dicho proceso judicial, el mandatario recobró su libertad, lo que le permite seguir ejerciendo sus labores en este municipio.

Sin embargo, seguirá vinculado a la investigación sobre la contratación del puente de la vereda Montoso, que conecta con la vereda El Fique.

Según la Fiscalía, el mandatario utilizó la figura de urgencia manifiesta para ejecutar la obra, y por ende, los procesos contractuales que llevó a cabo son considerados ilegales.

Y pese a que el ente fiscalizador solicitó la medida de prisión preventiva luego de imputarle cinco delitos, el Juez negó la petición.

La decisión fue apelada por la Fiscalía, porque el Alcalde firmó y autorizó los contratos 139 y 140 de 2016, contratación en la que está involucrada la Unión Temporal Puente Prado.

González Murillo retornó ayer a la Alcaldía como primera autoridad del Municipio, y cuando llegó a su despacho fue recibido por sus seguidores, quienes le mostraron su respaldo.

“Gracias a los que nos acompañaron, todos sintieron la situación, pero ya estamos retomando de nuevo las cosas. Soy un ser humano sociable y amigable, y esta situación nos da experiencias para que llevemos las cosas por el mejor camino”, afirmó el Alcalde.

¿Qué dijo la defensa?

Hugo Armando Martínez Sandoval, abogado defensor del mandatario, señaló que solo se puede determinar que una persona es privada de la libertad, si está obstruyendo a la justicia, puede manipular testigos, documentos o existía riesgo de fuga, pero en ninguno de los casos sucedía eso con González.

“La Fiscalía estaba pidiendo la medida, asegurando que el Alcalde era un peligro para la sociedad y que iba a continuar con su actividad delictiva, pero no pudo demostrar cuál era esa actividad. Solo se dedicó a decir que los delitos eran muy delicados y esa no era la discusión”, expresó Martínez Sandoval.

Agregó que el ente fiscalizador afirmó que el mandatario estaba cometiendo actos de corrupción, pero en la ejecución del puente no se perdió ni un peso, por lo que expresó que no entendía cómo señalan a una persona de corrupta cuando no existió detrimento.

“El Juez, por eso, indicó que había serias dudas en la demostración de la Fiscalía en que el Alcalde era un peligro para la sociedad y por eso lo dejó libre, además, dimos a conocer la importancia del puente para las poblaciones de Prado, Dolores, Villarrica y Cunday”, afirmó.

Por ahora, el Alcalde seguirá vinculado a la investigación y tendrá que responder uno a uno los cinco delitos (prevaricato por acción, interés indebido en la celebración de contratos e incumplimientos de los requisitos legales, falsedad ideológica de documento público y fraude procesal) que le imputó la Fiscalía.

González Murillo, afrontará el proceso judicial estando en libertad y ejerciendo sus funciones como mandatario.

“Creo que la Fiscalía estaba más afanada en hacer un espectáculo de la situación, porque desde junio de 2017 el Alcalde había acudido ante el ente fiscalizador para ponerse a disposición, e incluso se entregó documentos, por eso no entendíamos por qué se daba la captura”, puntualizó.

Cifra

2 mil 315 millones de pesos fue el valor del puente que tiene en líos judiciales al Alcalde.